Congreso

Cuentas públicas bajo revisión pueden cerrar el paso a aspirantes en 2027

Por Josué Escamilla

Alcaldes y exalcaldes con cuentas públicas pendientes deberán aclarar irregularidades ante las auditorías estatal y federal. Morena también contempla exigir comprobación del manejo transparente de recursos a quienes busquen una candidatura.

 

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Las observaciones financieras sin solventar podrían convertirse en un filtro para quienes busquen una candidatura en las elecciones de 2027, particularmente alcaldes y exalcaldes que mantienen pendientes ante las autoridades fiscalizadoras.

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado (ASE) en el Congreso local, Eliphaleth Gómez Lozano, confirmó que existen expedientes abiertos relacionados con irregularidades de ejercicios fiscales anteriores, cuya revisión involucra a la auditoría estatal, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Fiscalía Anticorrupción.

Aunque evitó identificar a los presidentes municipales que enfrentan señalamientos y podrían buscar la reelección o nuevos cargos, el legislador señaló que las responsabilidades por el manejo de recursos deberán aclararse antes de que los involucrados avancen en sus aspiraciones políticas.

En el caso de Morena, explicó que el proceso interno de selección contempla como requisito acreditar un manejo transparente de los recursos públicos, por lo que los perfiles con observaciones graves o cuentas públicas reprobadas podrían quedar fuera de la contienda interna.

Gómez Lozano rechazó que las revisiones respondan a acuerdos políticos o que exista protección para funcionarios de algún partido. Aseguró que las auditorías deben aplicarse sin distinción de colores y que cada administración tiene la obligación de responder por las inconsistencias detectadas.

Precisó que los ayuntamientos todavía cuentan con los plazos legales para presentar documentación, aclarar observaciones o corregir errores relacionados con el ejercicio del gasto.

No obstante, advirtió que cuando las investigaciones encuentren elementos que justifiquen responsabilidades administrativas o penales, los casos podrán turnarse a las instancias correspondientes, incluida la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

El diputado reconoció que algunas observaciones pueden derivar de errores técnicos o fallas documentales, pero subrayó que no atenderlas oportunamente puede complicar la situación legal de los funcionarios y las administraciones involucradas.

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