La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que durante el primer semestre de 2026 fueron sancionados servidores públicos del actual gobierno por irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Tamaulipas confirmó la inhabilitación de 10 servidores públicos de la actual administración estatal durante el primer semestre de 2026, tras acreditarse irregularidades en el desempeño de sus funciones.
La titular de la dependencia, Norma Angélica Pedraza Melo, explicó que las sanciones derivan de quejas y denuncias que fueron investigadas y en las que se comprobó la comisión de diversas faltas administrativas.
La funcionaria precisó que la vigilancia institucional no se limita a revisar expedientes heredados de administraciones anteriores, sino que también supervisa la actuación de quienes actualmente forman parte del servicio público estatal.
“La función de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno no sólo se circunscribe en irregularidades cometidas en la anterior administración estatal, sino también en el desempeño que están teniendo los servidores públicos de este gobierno, en el que, en caso de haber denuncias, se inicia el procedimiento administrativo”, señaló.
Pedraza Melo informó que entre enero y junio de este año la dependencia acumuló 58 personas sancionadas. De ese total, 34 corresponden a procedimientos relacionados con la administración anterior, mientras que 10 fueron inhabilitadas por irregularidades detectadas durante el actual gobierno.
Además, indicó que otras 14 personas recibieron sanciones consistentes en la suspensión temporal para desempeñar cargos públicos.
La secretaria destacó que en la presente administración también se han fortalecido las acciones de fiscalización y responsabilidad administrativa mediante la integración de expedientes que posteriormente son remitidos a las autoridades competentes.
En ese sentido, detalló que de un total de 85 casos integrados, 84 expedientes fueron enviados al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y uno más fue turnado a una instancia federal, donde continúa en proceso de resolución.
