IP de Reynosa exige frenar asaltos y extorsiones en carreteras
Por: Julio Manuel Loya Guzmán
El sector empresarial advierte que la inseguridad, los cobros indebidos y el deterioro vial elevan el costo de las mercancías y afectan la competitividad; pide compromisos medibles a las autoridades.
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La inseguridad en las carreteras ya no solo representa un riesgo para los operadores de carga: también presiona los costos de producción, el comercio y el precio final de los productos. Ante este escenario, el Consejo Coordinador Empresarial de Reynosa (CCER) respaldó las demandas de los transportistas y exigió medidas concretas para garantizar el traslado seguro de mercancías.
El organismo fijó su postura después de las movilizaciones realizadas el lunes 26 de octubre, en las que el sector del autotransporte reclamó mejores condiciones para trabajar. En un pronunciamiento firmado por su coordinador, José Uriel Ordóñez Pérez, expresó su respaldo a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) y a las organizaciones que demandan seguridad y certidumbre para sus trabajadores.
Para el empresariado, los robos, las extorsiones y los cobros indebidos se suman al deterioro de las vías de comunicación y al encarecimiento de la operación logística. La combinación de estos factores reduce la competitividad de las compañías y dificulta el funcionamiento de las cadenas de suministro.
El impacto alcanza especialmente a regiones industriales como Reynosa, donde el transporte de carga es indispensable para abastecer a las maquiladoras, sostener las operaciones de comercio exterior y conectar a las empresas con sus mercados.
El CCER advirtió que las consecuencias económicas no se limitan a los transportistas. Cuando mover mercancías resulta más caro y riesgoso, los gastos adicionales pueden repercutir en industrias, comercios y consumidores, además de poner presión sobre el empleo.
Ante ello, pidió a los tres órdenes de gobierno traducir sus compromisos en resultados verificables. Entre las medidas que considera prioritarias están reforzar la vigilancia carretera, combatir la extorsión, revisar la regulación de los servicios de arrastre y salvamento, simplificar trámites, dar mantenimiento a las vías y analizar las cargas fiscales que afectan al sector.
El Consejo también reconoció el derecho de los transportistas a manifestarse pacíficamente, aunque llamó a mantener abiertos los canales de diálogo para evitar afectaciones innecesarias al suministro de productos esenciales y a la actividad económica.
La organización empresarial insistió en que cualquier negociación debe incluir responsables, plazos y mecanismos de seguimiento que permitan comprobar si las medidas acordadas se cumplen.
“Defender al transporte es también defender el empleo, el comercio, la industria y la economía de las familias mexicanas”, sostuvo el organismo al reiterar su respaldo a los operadores y trabajadores del autotransporte de carga.
