Edgar Ulises Ramos denunció presuntas omisiones y retrasos de una funcionaria laboral en la ejecución de un laudo emitido a su favor contra la OPD Salud Tamaulipas, pese a existir amparos federales.
Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Edgar Ulises Ramos Azuara denunció presuntas irregularidades y omisiones en la Junta Especial Número 2, señalando que la actuación de la funcionaria Daniela Karina López Garza habría retrasado el cumplimiento de un laudo laboral emitido a su favor contra la OPD Salud Tamaulipas.
De acuerdo con el afectado, desde la llegada de la funcionaria comenzaron dilaciones en procedimientos relacionados con embargos, requerimientos de pago y ejecución de resoluciones derivadas de un juicio laboral iniciado desde 2014.
Ramos Azuara aseguró que, pese a contar con amparos federales concedidos para obligar a la autoridad laboral a ejecutar diligencias pendientes, las actuaciones continúan avanzando lentamente y, en algunos casos, únicamente bajo presión judicial.
El denunciante sostuvo que las omisiones podrían representar violaciones a principios de legalidad, acceso efectivo a la justicia y debido proceso laboral, establecidos tanto en la Constitución como en la legislación laboral vigente.
Entre las irregularidades señaladas destacan presuntas demoras injustificadas para girar oficios de embargo, negativa de aplicar medidas de apremio y omisión de cuentas bancarias propuestas para garantizar el pago del laudo.
Según explicó, uno de los oficios de embargo fue elaborado el 23 de marzo de 2026, pero entregado al banco hasta el 14 de abril, es decir, 20 días después, pese a tratarse de una diligencia considerada urgente dentro del procedimiento laboral.
Además, afirmó que la institución bancaria requerida incumplió el plazo legal para responder al embargo sin que la Junta Especial Número 2 aplicara multas o sanciones previstas por la ley.
“Me dijeron nuevamente que promoviera otro amparo para obligar a ejecutar un procedimiento que ya estaba ordenado”, señaló.
El caso de Edgar Ulises Ramos Azuara se originó tras su despido en septiembre de 2014 y su posterior reinstalación en mayo de 2024 en la Jurisdicción Sanitaria Número 12 de Altamira.
Hasta el momento, Daniela Karina López Garza no ha emitido una postura pública sobre las acusaciones realizadas en su contra.
