Testifican UIF y FGR en caso de desafuero a Cabeza de Vaca
En resumen dijo, hay una disparidad entre los bienes adquiridos y los ingresos obtenidos
Por Daisy Verónica Herrera Medrano
Ciudad Victoria, Tam.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Carlos Romero Aranda, testificaron contra el Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca.
En la primera audiencia del caso, la defensa a cargo de Alonso Aguilar Zinser, pidió que no se publicitaran los testimonios, pues se violaría el debido proceso.
“De celebrarse se violaría en perjuicio de mi defenso, los principios y derechos fundamentales de presunción de inocencia previstos en el artículo 20 apartado B fracción 1 de la constitución”.
También señaló graves violaciones a los derechos Humanos, pese a ello, la petición no fue concedida y se continúo con la programación.
El primero en testificar fue Carlos Romero Aranda, sin embargo, el momento cúspide de la sesión que duró poco más de dos horas y media se vivió con la intervención de Santiago Nieto.
Fue alrededor de un cuarto de hora, lo que Santiago Nieto demoró en leer las acusaciones contra el Gobernador de Tamaulipas.
Entre éstas, se incluye la adquisición a través de un “esquema irregular” de más de una decena de propiedades en México y el extranjero, vehículos de lujo y transacciones millonarias.
En resumen dijo, hay una disparidad entre los bienes adquiridos y los ingresos obtenidos en su carrera dentro del servicio público.
Sobre la compra de un departamento presuntamente con recursos de procedencia ilícita, aclaró que no le corresponde a la UIF demostrar hechos, sino al Ministerio Público.
En la lectura de las acusaciones, salieron a relucir nombres de integrantes de la familia del Gobernador, así como socios y amigos.
Ante la insistencia de la defensa en relación a que ventilar toda esa información contraviene la secrecía de un procedimiento penal, Santiago Nieto respondió:
“El derecho a la información en casos de presunta corrupción y en donde estén involucrados personajes de naturaleza pública, es preponderante y por lo tanto esos datos deben ventilarse”.
Tras esta primera audiencia ambas partes cuentan con un periodo de aportación de pruebas de 30 días.
Al término de ese plazo, la Sección Instructora presentará a la mesa directiva de la Cámara de Diputados un proyecto de la solicitud de la declaratoria de procedencia para su votación.
