La SCJN ordenó que el mando policial del municipio de Matamoros ya no estará en manos del Gobierno del Estado
Ciudad Victoria, Tam.– La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determinó invalidar el decreto para que, el Gobierno del Estado, siga teniendo el control del mando policial del municipio de Matamoros.
En un comunicado de prensa, se explica que, si bien la Constitución Federal prevé el traslado de atribuciones originarias desde el municipio en favor del gobierno del estado en casos de fuerza mayor o alteración grave del orden público, lo cierto es que la medida debe estar suficientemente fundada y motivada por ser de carácter excepcional y estrictamente temporal.
Cuando un gobernador o gobernadora asume el mando de la policía de alguno de sus municipios y, posteriormente, decide ampliar la temporalidad de esa intervención, tiene la obligación de señalar si la extensión obedece a que los acontecimientos que originalmente dieron lugar a la medida no han quedado superados dentro del plazo establecido inicialmente o a la presencia de nuevos hechos.
De esta forma, se garantiza que la medida cumpla con las condiciones que le son inherentes, particularmente, respecto de su carácter extraordinario y temporal. De lo contrario, la autoridad podría ampliar periódicamente su temporalidad sin exponer las razones que lo llevaron a tomar esa determinación, lo que daría lugar a que la facultad se tornara permanente y esto supondría un obstáculo para regresar al esquema constitucional ordinario de coordinación entre los distintos niveles de gobierno.
La declaratoria de invalidez no tiene como efecto que el gobierno estatal deba retirar las fuerzas policiales estatales del territorio del municipio, sino que deberá coordinarse con el presidente municipal para desarrollar las estrategias que aseguren la continuidad en la prestación del servicio de seguridad pública en Matamoros.
Además, la declaratoria de invalidez tampoco inhibe la facultad constitucional del ayuntamiento de Matamoros de celebrar un convenio con el gobierno del estado para que éste se encargue del servicio de seguridad pública de forma temporal o para que ambas autoridades lo ejerzan de forma coordinada.
