La Contraloría Gubernamental dejó en impunidad los desvíos en Seguridad Pública, detectados con recursos del FASP
Ciudad Victoria.– La Contraloría dejó en total impunidad a los funcionarios señalados por la AuditoríaSuperior de la Federación (ASF), por irregularidades detectadas en el gasto de la Secretaría de Seguridad Pública, en el sexenio pasado.
La ASF obligó a la Contraloría estatal a iniciar expedientes para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos en el gasto del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
A través de la auditoría de cumplimiento número 1773, realizada al Gobierno de Tamaulipas, la ASF detectó dos pólizas contables pagadas con recursos del FAS 2021 y encontró que de manera indebida se pagó millones de pesos, a un proveedor distinto al que “prestó el servicio” y obligó a la Contraloría estatal iniciar procedimientos administrativos contra los presuntos responsables.
LA CONTRALORIA FUE OMISA
A un mes que concluyera el gobierno anterior, la Contraloría respondió a este medio a través de una solicitud de información vía transparencia, sobre el estatus de la investigación interna.
“En efecto el expediente de investigación administrativa número AI-SGG/071/2022 fue iniciado ante esta autoridad, y que se encuentra en etapa de integración de la investigación sin que a la fecha se haya dictado un acuerdo que determine la calificación de una falta administrativa y por ende la identificación de presuntos responsables”.
Además, la información del expediente número AI-SGG/071/2022 fue reservada por 5 años, con el argumento de no entorpecer el procedimiento iniciado por la Contraloría Gubernamental de Tamaulipas para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos.
“La información debe ser reservada, en la tesitura de que ésta forma parte de un procedimiento administrativo que se tramita ante una autoridad de este Organo Interno de Control, que se encuentra en integración para en su caso ser instaurado a servidores públicos en forma de juicio, el cual no ha sido resuelto, ni se ha dictado sentencia, y mucho menos ha causado estado”, señaló la Contraloría.
El gobierno anterior dejó así en total impunidad las irreuglaridades señaladas en el gasto de los recursos de Seguridad Pública detectadas por la ASF.
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