ANTÍTESIS

Reforma electoral

Por Mario Flores Pedraza

El sistema electoral mexicano, fruto de décadas de transiciones tensas y pactos entre élites políticas, ha logrado (con todas sus grietas), convertirse en un andamiaje funcional para la alternancia y la competencia. El Instituto Nacional Electoral (INE), baluarte de autonomía constitucional, no es perfecto, pero ha sido un dique contra las regresiones autoritarias que marcaron buena parte del siglo XX. No olvidemos que en México no se votaba, se fingía que se votaba, y eso cambió no por concesión voluntaria, sino por presión social e histórica.

Hoy, sin embargo, se asoma una reforma electoral promovida desde el poder, con el mismo entusiasmo con el que se promueven las cruzadas moralistas: se promete austeridad, participación directa, eficiencia administrativa y cercanía ciudadana. La narrativa es impecable. ¿Quién podría estar en contra de mejorar la democracia? Pero si algo ha enseñado la historia y Hegel es que las reformas profundas rara vez son inocuas cuando son impulsadas por mayorías sólidas con vocación de permanencia.

La presidenta Sheinbaum ha delineado algunos ejes de su iniciativa: reducir el financiamiento a partidos, simplificar estructuras del INE, eliminar el fuero en ciertos cargos, facilitar el voto en el extranjero, y permitir que los representantes de listas proporcionales sean elegidos directamente por los ciudadanos, sin el tamiz partidista. Suena democrático, moderno, austero. Pero, ¿es eso lo que verdaderamente está en juego?

Pensemos con calma: si se trata de que “el pueblo elija directamente”, ¿estamos hablando de fortalecer la pluralidad o de dinamitar los contrapesos que permiten que las minorías tengan voz en el Congreso? Porque en política, lo que parece democratizador a veces es apenas una coartada para consolidar mayorías hegemónicas. Como advirtió Tocqueville, el exceso de poder concentrado en nombre del pueblo termina convirtiéndose en su negación más profunda.

Reducir el costo de las elecciones no es, por sí mismo, una virtud. La democracia no es barata ni debe serlo. Lo verdaderamente importante no es gastar menos, sino gastar con sentido: garantizar condiciones equitativas para todos los competidores, proteger la autonomía de los árbitros y evitar que el dinero privado (siempre interesado) capture el proceso público. Lo barato, en política, suele salir caro.

Y aquí emerge otra inquietud: ¿qué significa tocar al INE en este contexto? Aunque se insista en que su autonomía no está en riesgo, ¿acaso no hemos aprendido que la legitimidad de una institución se sostiene más por la percepción ciudadana que por las declaraciones oficiales? No se trata solo de si hay o no intervención, sino de si hay condiciones para que cualquier ciudadano crea que su voto cuenta con garantías. Socavar esa confianza es dinamitar la base misma de la democracia.

Detrás de la estética reformista, hay una pregunta más esencial que nadie parece hacerse: ¿para qué queremos una reforma electoral? ¿Para corregir fallas reales o para ajustar el sistema a la medida de quien gobierna? ¿Para abrir el juego o para cerrarlo bajo otra forma? ¿Para fortalecer la representación o para absorberla en una mayoría homogénea, dócil, sin disidencias incómodas?

El verdadero peligro no es la reforma en sí, sino el contexto en que se impulsa: un poder ejecutivo con amplio control legislativo, un aparato estatal con fuerte presencia territorial, una oposición desdibujada, y una ciudadanía polarizada. Cambiar las reglas desde esa posición de fuerza, bajo la bandera del pueblo, es jugar con fuego en nombre del bien. Y la historia. desde Roma hasta Caracas,  nos recuerda que las reformas electorales hechas desde el poder absoluto rara vez amplían derechos; suelen consolidar dominaciones.

No se trata de idealizar el sistema actual. Tiene vicios, clientelas, simulaciones y zonas opacas. Pero cualquier cambio profundo debe hacerse desde un consenso amplio, plural, deliberado. Reformar el sistema electoral sin escuchar a todas las voces, es como cambiar las reglas de un juego mientras uno lo va ganando. Eso no es democracia, es ventaja disfrazada de virtud.

Lo que urge en México no es una democracia más barata, sino una democracia más real. No un aparato electoral más eficiente, sino una ciudadanía más activa, más crítica, más deliberante. Y eso no se logra con reformas desde arriba, sino con participación desde abajo.

Tal vez la pregunta no sea si debemos reformar el sistema, sino si estamos dispuestos a asumir la reforma más difícil de todas: la de nosotros mismos como ciudadanos. Porque sin ciudadanos exigentes, todo sistema, por más justo que se diseñe,  acabará siendo dominado por los mismos de siempre. Y el ciclo de simulación continuará, con nuevas palabras, pero con el mismo silencio de fondo.

¿De verdad queremos democracia? Entonces empecemos por no aceptar reformas cocinadas sin transparencia, ni por aclamación digital. La democracia no necesita reformas urgentes, necesita verdades incómodas. Y una de ellas es esta: no se puede reformar el voto si antes no reformamos el poder.