Durante seis meses, auditorías internas del IMSS en Tamaulipas documentaron un presunto esquema de simulación laboral para obtener pensiones irregulares. Tras un cambio de delegado, los dictámenes se revirtieron
Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Durante medio año, auditorías internas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas sostuvieron una conclusión firme: al menos 140 trabajadores fueron dados de alta con empleos simulados, semanas cotizadas falsas y salarios inflados, con el objetivo de acceder de forma irregular a pensiones.
Los expedientes advertían la posible operación de una “fábrica de pensiones”, con un daño patrimonial millonario al Estado. Sin embargo, ese diagnóstico cambió de manera abrupta tras un relevo en la delegación estatal del IMSS.
El funcionario que documentó el esquema
El entonces subdelegado administrativo del IMSS en Reynosa, Herminio Elizondo Quintanilla, fue quien encabezó las revisiones a las empresas:
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Servicios y Administración de Tamaulipas BKING
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Flores y Follajes Sánchez
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José Luis Sánchez Constantino (persona física)
Las auditorías concluyeron que los presuntos patrones no acreditaron la existencia real de las relaciones laborales. No presentaron recibos de nómina, estados de cuenta, cheques, retenciones de ISR, controles de asistencia ni cuentas individuales de los trabajadores.
Un elemento elevó las alertas: los afiliados tenían entre 56 y 72 años, un patrón recurrente en esquemas diseñados para obtener pensiones de manera inmediata.
En agosto de 2024, el IMSS declaró improcedente el alta de 140 trabajadores y suspendió 40 pensiones, que en solo seis meses habían costado 17 millones 157 mil pesos al Instituto.
La denuncia que cambió el rumbo del caso
Lejos de aportar nueva documentación, dos empresas presentaron el 29 de agosto de 2024 un recurso de inconformidad ante la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos del IMSS y, de forma paralela, una denuncia por presunta extorsión contra Elizondo Quintanilla.
La carpeta quedó registrada como INV-TAM-083/2024. En septiembre se realizó un careo entre el funcionario y el representante legal de Flores y Follajes Sánchez.
Aunque varios trabajadores fueron suspendidos de manera temporal, la investigación concluyó sin sanciones. En noviembre de 2024, la Oficina de Investigaciones Laborales notificó que todos los involucrados fueron absueltos.
El caso parecía cerrado.
Cambio de delegado, cambio de criterio jurídico
El giro definitivo ocurrió tras la salida del delegado Federico Héctor Marín Martínez y la llegada de José Luis Aranza Aguilar.
El 18 de febrero de 2025, mediante el acuerdo 180225/93, el Consejo Consultivo Delegacional, presidido por Aranza Aguilar, resolvió que dos de las tres empresas tenían razón. La decisión restituyó derechos a 115 trabajadores, incluidos 24 pensionados cuyos pagos habían sido suspendidos.
El documento, firmado por el delegado, representantes patronales y funcionarios del IMSS, revirtió los dictámenes técnicos previos.
Segunda denuncia y separación del denunciante
Dos días después, el 20 de febrero de 2025, Flores y Follajes Sánchez presentó una segunda denuncia, ahora exclusivamente contra Herminio Elizondo Quintanilla.
Esta vez, el proceso avanzó con celeridad inusual: en solo nueve días, el funcionario fue denunciado, investigado y separado de su cargo como subdelegado administrativo del IMSS en Reynosa.
Mientras las empresas recuperaban derechos y recursos públicos, el denunciante quedó fuera del Instituto.
Más de 41 millones de pesos liberados
Tras la resolución del Consejo Consultivo, las consecuencias financieras fueron inmediatas:
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16 millones de pesos pagados en pensiones durante 2025
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8 millones de pesos correspondientes al último semestre de 2024
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17 millones de pesos erogados antes de que las altas fueran declaradas improcedentes
En conjunto, el presunto daño patrimonial supera los 41 millones de pesos, considerando solo a 24 de los 140 trabajadores originalmente cuestionados.
Contradicciones dentro del IMSS
Consultado sobre el caso, el delegado José Luis Aranza Aguilar aseguró que el procedimiento continúa bajo “revisión estricta” y con apego a la legalidad. Sin embargo, él mismo presidió el órgano que restituyó derechos y liberó los recursos.
No respondió si el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, fue informado ni si existió autorización expresa de oficinas centrales para revertir las auditorías.
El contraste que incomoda
Mientras en Nuevo León la Fiscalía General de la República obtuvo cateos y vinculaciones a proceso por esquemas similares de simulación laboral para pensiones, en Tamaulipas no se presentó ninguna denuncia federal contra las empresas señaladas.
La única consecuencia visible fue la destitución del funcionario que documentó las irregularidades.
Epílogo: una pregunta abierta
Los expedientes internos del IMSS siguen afirmando la inexistencia de relaciones laborales reales. No se han hecho públicos nuevos elementos que expliquen el cambio de criterio.
La historia deja una pregunta incómoda para las instituciones públicas:
¿Qué mensaje se envía cuando investigar un presunto fraude millonario termina costándole el empleo al denunciante y no a quienes se beneficiaron del esquema?
En Tamaulipas, la presunta fábrica de pensiones volvió a operar. Y quien la detuvo, quedó fuera del sistema.
Con información del périodico digital La Expresión
