El Gobierno de Tamaulipas confirmó 41 quejas contra notarios públicos por presuntas irregularidades, corrupción y falsificación de documentos. Reynosa concentra 15 investigaciones y avanzan procesos de revocación
CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.— La vigilancia sobre las notarías públicas en Tamaulipas se intensificó. El secretario General de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, confirmó que existen investigaciones administrativas y penales abiertas contra fedatarios públicos por presuntas anomalías, corrupción y falsificación de documentos.
El funcionario estatal reveló que actualmente el Gobierno del Estado acumula 41 quejas contra notarios públicos, casos que son revisados por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y la Dirección de Asuntos Notariales.
Las investigaciones incluyen denuncias por irregularidades en trámites, escrituras y posibles despojos de propiedades, además de operaciones notariales presuntamente ilícitas en distintos municipios del estado.
Reynosa concentra investigaciones notariales
De acuerdo con la Secretaría General de Gobierno, Reynosa se mantiene como uno de los focos rojos, con al menos 15 notarios bajo investigación. También existen procesos de revocación contra fedatarios de la zona centro y sur de Tamaulipas.
Villegas González recordó que el caso de las llamadas “notarías express”, entregadas durante administraciones pasadas, continúa avanzando. Indicó que cerca de 60 notarios renunciaron voluntariamente a su FIAT y recientemente fueron canceladas las últimas ocho notarías relacionadas con este esquema.
El funcionario aseguró que desde el inicio de la actual administración todas las notarías del estado han sido inspeccionadas por lo menos una vez, mientras que algunas han recibido hasta tres revisiones para verificar documentación y legalidad de sus operaciones.
Credencial obligatoria para notarios en 2026
Como parte de las reformas a la Ley del Notariado para el Estado de Tamaulipas, los más de 300 notarios públicos deberán portar una credencial oficial de identificación notarial de manera obligatoria.
La medida busca reforzar la seguridad jurídica, evitar fraudes y prevenir suplantaciones en trámites relacionados con el patrimonio de las familias tamaulipecas.
El incumplimiento de esta disposición podría generar sanciones económicas de hasta 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Aunque todavía no existe una fecha límite oficial para completar la credencialización, el Gobierno estatal prevé que el nuevo esquema opere completamente durante 2026.
