
Diputadas plantean reforzar controles sobre las empresas de arrastre, hacer públicas las tarifas y garantizar que cuenten con los permisos necesarios para operar.
Ciudad Victoria, Tamaulipas.— Los cobros excesivos y las quejas por el servicio de grúas podrían volver al centro de la discusión legislativa en Tamaulipas, ante los señalamientos de ciudadanos que consideran desproporcionados los costos por arrastre y multas.
La diputada Eva Reyes respaldó la propuesta impulsada por su homóloga Magaly Deandar para revisar las condiciones en las que operan estas empresas y fortalecer los mecanismos de protección para los conductores.
Explicó que los municipios suelen recurrir a compañías privadas porque mantener y operar grúas propias representa un costo para las administraciones, una práctica que se ha mantenido a lo largo de diferentes gobiernos.
El problema, advirtió, es que algunas empresas estarían prestando el servicio sin contar con los permisos correspondientes.
Ante ello, entre las propuestas planteadas se encuentra establecer como requisito obligatorio que las compañías de grúas acrediten las autorizaciones necesarias para poder operar.
Otro de los puntos es transparentar los cobros. La intención es que las tarifas sean públicas y puedan ser consultadas por cualquier ciudadano, además de que los municipios exhiban claramente los precios que hayan sido autorizados.
La legisladora señaló que también existen planteamientos relacionados con los derechos de los conductores y con las circunstancias específicas en las que una unidad puede ser retirada de determinados espacios privados.
Las quejas han cobrado especial relevancia entre trabajadores de Reynosa, quienes han señalado que los pagos derivados de multas y servicios de arrastre pueden representar una afectación importante para sus ingresos.
Por ello, Reyes consideró necesario revisar nuevamente las disposiciones vigentes y, en caso de ser necesario, promover nuevos exhortos para que las autoridades y empresas cumplan con las reglas establecidas.
El planteamiento busca que el servicio de grúas deje de representar un problema para los ciudadanos y cuente con reglas claras sobre permisos, tarifas y condiciones para el retiro de vehículos.



