EN VISTO
Fuera ¡ Ningún agresor al Poder!
Por Dora de la Cruz
La llegada de agresores de violencia de género, a puestos de elección popular, representa una amenaza , porque es llevar el machismo a las estructuras del sistema político mexicano, pero además es, en estos espacios, donde se ejercen influencias y se reproducen desigualdades; por eso es determinante que frente al proceso electoral, desde los partidos políticos, se le cierre la puerta a las personas con antecedentes de violencia de género, o con un perfil que evidencia este tipo de conductas.
La ley 3 de 3, incorporada por las autoridades electorales en el 2023, que no se nombra en el inicio de proceso electoral, debe de colocarse en el centro de la narrativa política, para no olvidar que en cada elección, la exigencia de los colectivos feministas es la misma: “ningún agresor en el poder”.
La Ley 3 de 3, contra la violencia de género, prohíbe a los agresores, de violencia familiar, sexuales y deudores alimentarios, ocupar cargos de elección popular y públicos. Pero (como siempre hay un “pero”), está la trampa de género, la suspensión de los derechos políticos tiene que estar respaldada por una denuncia legalmente sustentada, para que haga efecto. Y aunque algunas denuncias se hacen virales, aquí los vistos no cuentan y los partidos políticos, prefieren ignorarlo permitiendo el acceso de estas personas a las candidaturas.
Esto significa que los hombres que han ejercido violencia de género, pero que están en el anonimato, porque no son denunciados, podrán llegar a ocupar esos cargos. Detrás de esta impunidad, está la falta de una cultura de la denuncia, porque persiste el temor a las represalias, que además es real, especialmente cuando el señalado es un político, una persona con poder, para influir y ejercer presión sobre su víctima.
En la práctica, la ley 3 de 3 contra la violencia de género, no se aplica, porque existen barreras estructurales en el sistema político mexicano, que se resisten a este cambio cultural de la igualdad, principalmente, porque el registro de los deudores no están actualizados, existe lentitud en el proceso de las investigaciones por estos delitos, lo que permite que personas señaladas como agresores, sigan siendo tu alcalde o tu diputado.
Los agresores de violencia de género, en sus diferentes formas, siguen siendo parte de las estructuras del poder; irónicamente, hoy se tienen más leyes para erradicar, sancionar y prevenir las violencias contra las mujeres, pero en la realidad está lejos que se respete sus derechos a una vida libre de violencia.
Para cerrar el acceso para a los agresores y que no sigan llegando a los puestos de poder, se necesita elevar la confianza en las autoridades encargadas de atender las denuncias, porque es la forma de aumentar la cultura de la denuncia, sin miedo a que regresara tu agresor a “presionarte”, golpearte e intimidarte, como ha pasado en muchos casos.
Las autoridades electorales de Tamaulipas, deben tomar nota de la exigencia de los colectivos feministas, que demandan “Ningún agresor en el poder”; el impacto de no cumplir con esta ley, será un retroceso, porque significaría poner el poder político en manos de quienes la propia ley impide que lo ocupen.
