La iniciativa plantea que las sanciones impuestas por la Secretaría de Educación de Tamaulipas puedan ser cobradas por la Secretaría de Finanzas mediante procedimientos administrativos de ejecución.
Ciudad Victoria, Tamaulipas.— Las multas impuestas por la Secretaría de Educación de Tamaulipas podrían adquirir el carácter de créditos fiscales y ser cobradas directamente por la Secretaría de Finanzas, de aprobarse una iniciativa actualmente en análisis en el Congreso del Estado.
La propuesta busca modificar la legislación para establecer un procedimiento específico que permita hacer efectivas las sanciones derivadas de infracciones a la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas.
El diputado Claudio Hinojosa de Leija, del Grupo Parlamentario de Morena, explicó que uno de los principales objetivos es eliminar vacíos en la ejecución de las multas y dar certeza jurídica tanto a las autoridades como a quienes sean sancionados.
La reforma plantea modificar el artículo 139 de la Ley de Educación para que las multas determinadas por la Secretaría de Educación sean ejecutadas por la Secretaría de Finanzas mediante el procedimiento administrativo previsto en el Código Fiscal del Estado.
De manera adicional, se propone incorporar el artículo 71 Bis a la Ley de Hacienda, con el propósito de establecer que dichas sanciones tengan carácter de créditos fiscales y definir las reglas para su determinación y cobro.
“Esta iniciativa que hoy analizamos es para establecer un mecanismo claro, eficaz y jurídicamente adecuado para hacer efectivas las multas impuestas por la Secretaría de Educación del Estado”, explicó Hinojosa de Leija.
El legislador señaló que el cambio permitiría fortalecer las facultades de las autoridades responsables de aplicar y cobrar las sanciones, además de evitar que las multas queden sin una vía clara para hacerse efectivas.
De acuerdo con la iniciativa, los recursos obtenidos mediante estas sanciones podrían destinarse al fortalecimiento de las áreas encargadas de supervisar a las instituciones educativas particulares.
La propuesta se encuentra en proceso de análisis y plantea, en términos generales, establecer un mecanismo más preciso para garantizar el cumplimiento de la normativa educativa y fortalecer la supervisión de los servicios que ofrecen las instituciones particulares en Tamaulipas.
