Congreso

Olga Sosa propone proteger a mujeres divorciadas y agilizar autorizaciones médicas

Por Daisy Verónica Herrera Medrano

Las iniciativas buscan reconocer como violencia económica la simulación de ingresos para evadir pensiones y establecer plazos obligatorios para que las aseguradoras respondan solicitudes de atención médica. La senadora también participó en la ratificación de 342 ascensos militares.

 

Ciudad de México.- Evitar que las mujeres queden en desventaja económica después de una separación y reducir las demoras de las aseguradoras para autorizar tratamientos médicos son los objetivos de dos iniciativas presentadas por la senadora tamaulipeca Olga Patricia Sosa Ruíz.

La primera propuesta busca incorporar a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la ocultación o simulación de ingresos para evadir obligaciones económicas con una expareja y sus hijas e hijos, incluso cuando la relación ya terminó.

El proyecto también plantea incorporar el artículo 51 Bis para que las autoridades proporcionen asesoría jurídica especializada sobre pensiones alimenticias, bienes y derechos patrimoniales, además de informar sobre las órdenes de protección y orientar a las mujeres para solicitarlas.

Asimismo, contempla canalizarlas a programas de capacitación, empleo y autonomía económica, así como coordinar la atención con los Centros de Justicia para las Mujeres para evitar que tengan que repetir innecesariamente sus experiencias ante distintas instancias.

Sosa Ruíz argumentó que las responsabilidades domésticas y de cuidados que muchas mujeres asumen durante el matrimonio o la convivencia pueden limitar sus oportunidades laborales y la generación de ingresos propios. Esa desigualdad, señaló, puede convertirse en una condición de vulnerabilidad al terminar la relación.

La segunda iniciativa apunta al sector asegurador. Propone modificar tres leyes para establecer tiempos máximos de respuesta a las solicitudes de autorización médica.

Los plazos planteados son:

  • Seis horas para urgencias acreditadas por el médico tratante.

  • 24 horas para dar continuidad a tratamientos previamente autorizados.

  • 72 horas para los demás procedimientos.

La legisladora sostuvo que las aseguradoras deben conservar la facultad de verificar si un servicio está cubierto por el contrato, pero consideró necesario impedir que la falta de plazos, los trámites repetitivos o las respuestas tardías obstaculicen el acceso a la atención médica.

En la misma sesión, el Senado ratificó 342 ascensos de integrantes de las Fuerzas Armadas. De ese total, 108 correspondieron a diversos grados de la Armada de México y 234 al Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

Ambas resoluciones fueron aprobadas por unanimidad. Sosa Ruíz destacó la trayectoria de los elementos ascendidos y su participación tanto en tareas de defensa y seguridad como en labores de auxilio a la población ante desastres naturales, mediante acciones como el Plan DN-III-E.

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