Norma Ángelica Pedraza reporta 44 denuncias penales y 91 expedientes por presunta corrupción ante el Tribunal de Justicia Administrativa; pide resultados a las autoridades
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Tamaulipas da seguimiento a 135 procedimientos contra servidores públicos y exfuncionarios por presunta corrupción, informó su titular, Norma Angélica Pedraza Melo.
El registro incluye 44 denuncias penales presentadas ante las Fiscalías y 91 expedientes enviados al Tribunal de Justicia Administrativa por conductas consideradas graves.
Pedraza Melo señaló que la dependencia envía oficios periódicos para solicitar avances en las investigaciones y actuaciones de ambas instancias.
Reportan 44 denuncias penales
La funcionaria explicó que las 44 denuncias corresponden a conductas que, de acuerdo con la revisión de la dependencia, podrían constituir delitos en materia penal.
Indicó que esperan que las Fiscalías avancen en las investigaciones dentro de sus atribuciones y con respeto al debido proceso.
Como ejemplo, mencionó un procedimiento relacionado con una ex titular de la Contraloría Gubernamental, sobre el cual afirmó que ya existen avances en la determinación de responsabilidades.
La funcionaria sostuvo que la conducta señalada en ese caso fue calificada por su presunto desapego a la normativa y encuadrada en materia penal.
Tribunal tiene 91 expedientes por faltas graves
Además de las denuncias penales, la Secretaría Anticorrupción informó que ha remitido 91 expedientes al Tribunal de Justicia Administrativa.
Estos casos corresponden a conductas que la dependencia considera faltas administrativas graves y cuya resolución sancionadora compete al Tribunal, conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas.
Pedraza Melo indicó que los oficios de seguimiento se envían generalmente cada cuatro o seis meses, tanto a las Fiscalías como al Tribunal.
La dependencia busca que las instancias competentes informen sobre las actuaciones realizadas en los procedimientos, sin que el seguimiento administrativo implique por sí mismo que exista una resolución definitiva sobre la responsabilidad de las personas señaladas.
