Tamaulipas detecta personas en prisión con procesos sin resolver durante años
Por Josué Escamilla
La revisión de expedientes reveló casos de personas privadas de la libertad que llevaban más de un año sin que se resolviera su situación jurídica. El Poder Judicial afirma que aceleró audiencias y resoluciones para reducir el rezago.
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Personas privadas de la libertad en Tamaulipas permanecieron hasta uno o dos años a la espera de una resolución sobre su situación jurídica, un rezago que el Poder Judicial del Estado (PJE) identificó al revisar expedientes penales y que ahora busca abatir mediante la agilización de audiencias y sentencias.
El magistrado de la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal, Ignacio García Zúñiga, reconoció que durante la revisión encontraron casos de personas encarceladas cuyos procesos llevaban más de un año sin recibir atención.
“Vimos casos de gente privada de la libertad que ya tenían más de un año sin atender”, señaló.
El problema adquiere mayor gravedad cuando los retrasos judiciales afectan a personas que permanecen en prisión mientras esperan que un juez determine su situación. Como explicó el magistrado, no tiene las mismas consecuencias enfrentar un proceso en libertad que hacerlo desde un centro penitenciario.
¿Qué tan grande es el problema de las personas sin sentencia?
García Zúñiga expuso que, a nivel nacional, más de 122 mil personas permanecen encarceladas sin una resolución judicial o sentencia firme, lo que representa el 44.3 por ciento de la población penitenciaria del país.
Entre los factores relacionados con esta problemática mencionó la prisión preventiva oficiosa, figura que mantiene a personas privadas de la libertad durante el desarrollo de sus procesos y que, en un contexto de retrasos judiciales, puede prolongar su estancia en prisión.
El magistrado advirtió que esta situación también contribuye a problemas de sobrepoblación penitenciaria y plantea desafíos para la protección de los derechos humanos.
¿Qué cambió en los juzgados de Tamaulipas?
El Poder Judicial estatal puso en marcha una estrategia para acelerar la programación de audiencias y la resolución de expedientes, tanto en primera instancia como en segunda instancia, donde también se acumulaban asuntos pendientes.
García Zúñiga recordó que anteriormente algunas audiencias que legalmente debían programarse en un plazo de 15 días llegaban a agendarse hasta tres meses después.
Según el magistrado, esa demora generaba inconformidad entre los usuarios y prolongaba la incertidumbre de quienes esperaban una determinación judicial.
Aseguró que actualmente las audiencias se realizan dentro de los tiempos legales y que no existen asuntos que estén siendo resueltos fuera de plazo.
El reto será sostener esa agilidad y garantizar que las personas privadas de la libertad reciban una resolución oportuna. En los procesos penales, el tiempo de espera no es un simple retraso administrativo: puede significar meses adicionales de incertidumbre para alguien que permanece en prisión sin una sentencia firme.
