Docentes de Tamaulipas piden protección legal sin frenar denuncias de abuso
Por Josué Escamilla
La Secretaría de Educación plantea fortalecer la protección jurídica de los maestros ante denuncias que puedan resultar infundadas, sin dejar de garantizar los derechos de los estudiantes. Actualmente, alrededor de 60 expedientes por presunto acoso, abuso o conductas inapropiadas en planteles están bajo investigación.
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría de Educación de Tamaulipas busca fortalecer la protección legal de los maestros frente a acusaciones que puedan afectar su reputación y trayectoria profesional, en medio de un escenario donde alrededor de 60 expedientes por presunto acoso, abuso o conductas inapropiadas en escuelas se encuentran bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia.
El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, consideró necesario establecer garantías jurídicas para los trabajadores de la educación, pero también asegurar que cualquier denuncia contra personal docente se investigue con rigor y respeto al debido proceso.
El funcionario sostuvo que una acusación no debe convertirse automáticamente en una condena pública o profesional, especialmente cuando todavía no se han acreditado responsabilidades.
¿Qué cambios legales se buscan para proteger a los maestros?
Valdez García informó que en Tamaulipas se impulsaron reformas a partir de una iniciativa presentada por la diputada Blanca Anzaldúa Nájera, propuesta que cuenta con el respaldo de representantes sindicales de la Sección 30 del SNTE.
El planteamiento pretende establecer un equilibrio entre la protección de niñas, niños y adolescentes y el respeto a los derechos laborales, jurídicos y profesionales de los docentes.
La discusión cobró fuerza después de casos que alcanzaron notoriedad pública, entre ellos el de un subdirector de una secundaria técnica de Ciudad Madero, quien permaneció seis días en prisión tras una denuncia por presunta agresión física.
De acuerdo con la versión expuesta por el secretario, posteriormente surgieron testimonios de alumnos y pruebas digitales que demostraron que la acusación había sido fabricada por una estudiante. El caso fue señalado como ejemplo de las consecuencias que puede tener una denuncia sin sustento.
¿Qué ocurre con los 60 expedientes abiertos?
El titular de Educación reconoció que las denuncias por posibles abusos, acoso e insultos dentro de los planteles representan un problema que debe atenderse sin minimizar los señalamientos ni anticipar culpabilidades.
Precisó que algunos de los expedientes han derivado en sanciones, mientras que otros concluyeron sin que se acreditara responsabilidad de los señalados.
La existencia de estas investigaciones coloca a las autoridades educativas ante dos responsabilidades: garantizar que los estudiantes puedan denunciar cualquier situación de violencia y asegurar que los trabajadores de la educación tengan un procedimiento justo.
Valdez García también advirtió sobre el debilitamiento de la relación entre algunas familias y las escuelas, al considerar que la falta de acompañamiento de los padres puede afectar la autoridad del maestro dentro y fuera del aula.
“La palabra del papá vale 100 frente a la palabra del maestro vale 2”, expresó al referirse a la desigualdad que, desde su perspectiva, enfrentan los docentes cuando surgen conflictos con las familias.
El reto para las autoridades será que las reformas no se conviertan en un obstáculo para investigar posibles agresiones contra estudiantes, pero tampoco permitan que una acusación sin pruebas destruya la carrera de un maestro.
Mientras tanto, los alrededor de 60 expedientes continúan bajo investigación, por lo que será el resultado de cada procedimiento el que determine si existen responsabilidades y qué sanciones corresponden.
