Política

Antecedentes no frenarían candidaturas

Por: Alan Morales

La propuesta federal sólo busca crear una herramienta de consulta para que los partidos revisen perfiles y antecedentes de aspirantes, sin convertirla en un filtro obligatorio.

 

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La iniciativa federal para revisar antecedentes de aspirantes a cargos de elección popular no impediría automáticamente las candidaturas de personas con historial judicial o administrativo, aseguró el subsecretario de Enlace Legislativo en Tamaulipas, Rómulo Pérez Sánchez.

El funcionario explicó que la propuesta busca crear una herramienta de consulta para que los partidos políticos puedan verificar perfiles, hojas de vida y antecedentes de quienes aspiren a competir en procesos electorales.

“Sería una medida administrativa, no punitiva”, señaló.

Pérez Sánchez precisó que el objetivo es ofrecer a los partidos mayores elementos para la selección de candidatos, más allá de acuerdos políticos internos o niveles de popularidad.

Sin embargo, aclaró que la decisión final sobre aceptar o rechazar candidaturas seguiría dependiendo de cada fuerza política.

El subsecretario indicó que el esquema contempla la participación del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), organismos que coordinarían mecanismos de verificación con fiscalías, secretarías de seguridad y otras dependencias.

Según explicó, los partidos podrían consultar información relacionada con antecedentes penales, expedientes judiciales y registros públicos para conocer el perfil completo de los aspirantes.

Sobre el riesgo de que estas revisiones puedan utilizarse con fines políticos o partidistas, especialmente cuando existan investigaciones abiertas contra determinados perfiles, Pérez Sánchez sostuvo que la herramienta sería opcional y enfocada en fortalecer la confianza ciudadana.

“El objetivo es ofrecer mejores perfiles para ocupar cargos públicos”, expresó.

Añadió que, en caso de aprobarse la reforma federal, Tamaulipas tendría que realizar una armonización legislativa y abrir consultas con diversos sectores para analizar su implementación en la entidad.

 

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