ANTÍTESIS
El Deber de los Gobiernos en los Procesos Electorales
Mario Flores Pedraza
Los procesos electorales ya comenzaron en el ámbito federal y local en todo el país. Los principales medios de comunicación han comenzado una narrativa hablando sobre “el piso parejo en las contiendas electorales” y considero que es un excelente tema que da pie a que analicemos el deber ser de los gobiernos en los procesos electorales. ¿Crees que el gobierno federal está interviniendo en las elecciones?, ¿Y los gobernantes en los estados y en los municipios?, ¿Crees que en el pasado intervenían?, ¿Crees que hay dinero mal habido en las campañas?, ¿Crees que se portan mal solo un partido o todos los partidos políticos? Si tus respuestas son si a las cuestiones anteriores ahora te pregunto; si es que hay procesos electorales que no cumplen las leyes, ¿EL INE no se debe de tocar? O es perfecto así como está.
En cualquier sociedad democrática, los procesos electorales son la columna vertebral de la legitimidad política. Son los momentos en los que los ciudadanos ejercen su derecho fundamental de elegir a sus representantes y definir el curso de su nación. En este contexto, el comportamiento de los gobiernos en turno durante estos procesos es crucial para preservar la integridad del sistema democrático y garantizar elecciones libres y justas.
En primer lugar, es fundamental que los gobernantes en ejercicio respeten escrupulosamente la neutralidad e imparcialidad que exige su posición. Su deber primordial es representar a todos los ciudadanos, independientemente de su afiliación política, y no favorecer a ningún partido o candidato en particular. Cualquier intento de utilizar los recursos del Estado para influir en el resultado electoral socava la confianza en el proceso democrático y mina la legitimidad del gobierno.
El comportamiento correcto del gobernante durante los procesos electorales implica garantizar un terreno de juego equitativo para todos los contendientes. Esto implica abstenerse de utilizar los recursos públicos, como los fondos del Estado o la maquinaria administrativa, para promover a ciertos candidatos o partidos sobre otros. La imparcialidad debe reflejarse no solo en las acciones del gobierno, sino también en su discurso público y en su actitud hacia los medios de comunicación.
Además, los gobernantes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad y el orden durante el proceso electoral, asegurando que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de manera segura y sin intimidación. Esto implica tomar medidas efectivas para prevenir y responder a cualquier forma de violencia política o coacción, así como para proteger la integridad de los centros de votación y el conteo de votos.
Por otro lado, es importante reconocer que los gobiernos también tienen un papel legítimo en la promoción de la participación ciudadana y la educación cívica. Sin embargo, esta labor debe llevarse a cabo de manera neutral y no partidista, con el objetivo de fortalecer el tejido democrático y fomentar una cultura de respeto por los valores democráticos fundamentales, como el pluralismo, la tolerancia y el respeto por los derechos humanos.
