ANTÍTESIS

Corrupción en la contratación pública

Mario Flores Pedraza

Los gobiernos son actores clave en la economía, ya que son los responsables por la ejecución del dinero recaudado de los contribuyentes.

Con el propósito de llevar a cabo sus funciones y proveer bienes y servicios a los ciudadanos, los gobiernos establecen relaciones económicas con un gran número de proveedores.

La contratación pública o compras y contrataciones estatales, hacen referencia a todas aquellas compras de bienes, obras y servicios que son realizadas, por los gobiernos o las empresas públicas.

Sin embargo, la contratación pública es un área particularmente vulnerable a la corrupción, donde políticos y funcionarios públicos subvierten el proceso para adjudicar contratos, no en función de la calidad o el precio, sino en beneficio de ellos mismos, sus aliados y/o partidos políticos.

Las consecuencias de esto pueden ser muy costosas y peligrosas. La corrupción en las contrataciones públicas es distinta de la corrupción en otras funciones gubernamentales por la participación de diferentes actores, la regulación específica y el amplio margen de discreción en la toma de decisiones.

El cohecho es uno de los delitos que en materia de contratación administrativa suelen presentarse, puesto que implica la concesión de licitaciones o contratos a ciertas empresas o grupos económicos determinados a cambio de dádivas o sobornos que son recibidos, o solicitados, por los funcionarios para su propio beneficio.

El tráfico de influencias, por su parte, representa otro delito común en la corrupción administrativa a nivel de contrataciones, puesto que supone la actuación o influencia de un funcionario sobre otro para que éste tome una decisión que le favorezca a él (el agente activo) o un tercero, que puede ser una empresa oferente para que ésta gane una licitación determinada o se celebre con ella un contrato de compraventa o de otro tipo.

En conclusión, la corrupción administrativa es común en las contrataciones públicas, por las gruesas sumas de dinero que manejan los funcionarios y las entidades públicas donde se desempeñan o presiden.

La gestión de estos funcionarios debe ser controlada o revisada con cierta periodicidad y se deben rendir informes con mayor frecuencia, además de establecer veedurías y auditorías con peritos que den fe de su adecuada o anómala gestión.

Y algo que es de igual o mayor relevancia, que los funcionarios cuenten con personal capacitado para estudiar las mejores ofertas de contratación, no sólo por su precio sino por el prestigio, calidad de trabajo, desempeño y ejecución final del producto, obra o servicio solicitado, por parte de la empresa o consorcio oferentes.