La ASE multa a 93 servidores públicos tras endurecer la fiscalización en Tamaulipas. Además, autoridades legislativas aseguran procesos sin tintes políticos y sanciones ejemplares
Ciudad Victoria, Tamaulipas.— La ASE multa a 93 servidores públicos como resultado del endurecimiento de los procesos de fiscalización en Tamaulipas, confirmó el diputado Eliphaleth Gómez Lozano.
Además, el legislador destacó que las sanciones reflejan avances claros en transparencia, ya que en siete años previos solo se multó oficialmente a dieciocho personas servidoras.
Asimismo, explicó que la Auditoría Superior del Estado actúa sin sesgos políticos y fortalece su papel institucional para garantizar rendición de cuentas efectiva.
De acuerdo con información oficial, las multas impuestas por la ASE van de doce mil a doscientos mil pesos, según la gravedad de las faltas detectadas.
En particular, las sanciones derivan de ocultar, retrasar o negar información solicitada a entes públicos bajo responsabilidad directa de personas servidoras.
Por ello, Gómez Lozano precisó que las multas deben pagarse con recursos personales y no con dinero público, reforzando la responsabilidad individual.
Además, advirtió que el incumplimiento en el pago genera boletinación en el buró de crédito, provocando consecuencias financieras severas para cualquier persona sancionada.
En ese sentido, subrayó que la nueva Ley de Fiscalización elimina prácticas tolerantes que normalizaron retrasos informativos y fomentaron opacidad institucional durante años.
Por lo tanto, ahora se imponen sanciones más estrictas contra quienes obstaculicen el trabajo fiscalizador del órgano superior estatal.
Asimismo, reiteró que la ASE denunciará penalmente cuando existan elementos suficientes, fortaleciendo la legalidad y la confianza ciudadana en las instituciones.
Finalmente, adelantó que durante el primer semestre de 2026 se turnarán expedientes a instancias legales para procesar responsabilidades administrativas y penales correspondientes.
Aunque aún no se precisa el número de casos, autoridades legislativas anticipan que más personas servidoras públicas enfrentarán procesos conforme avance la fiscalización.
