La diputada federal Blanca Narro advierte que homologar la revocación de mandato con elecciones ordinarias y del Poder Judicial en 2027 complicaría el sistema electoral y afectaría la equidad democrática
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La diputada federal Blanca Narro Panameño afirmó que mezclar la revocación de mandato con las elecciones federales de 2027 y la elección de jueces y magistrados generaría mayor complejidad operativa y menos equidad en el sistema democrático.
La legisladora explicó que actualmente la figura de revocación de mandato está contemplada únicamente para la Presidencia de la República y, en algunos casos, para gubernaturas. Hasta ahora, no existe una definición formal que permita extenderla al Poder Judicial, pese a que jueces y magistrados fueron electos por voto directo en 2025.
Narro señaló que incorporar esta modalidad dentro de la reforma electoral —aún pendiente de discusión en el Congreso— implicaría armonizar reglas distintas que hoy operan bajo marcos legales diferenciados.
Recordó que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, adelantó que los jueces que incumplan su función podrían someterse a un proceso de revocación para que la ciudadanía decida su permanencia o remoción.
Sin embargo, la diputada subrayó que las elecciones ordinarias permiten la participación de partidos políticos en todas las etapas del proceso, incluidos consejos distritales y mesas directivas de casilla. En contraste, las consultas ciudadanas prohíben expresamente la intervención partidista, lo que obliga a instalar casillas separadas y aplicar reglas distintas.
Desde una perspectiva institucional, Narro advirtió que unificar elecciones ordinarias, elección de integrantes del Poder Judicial y revocación de mandato en un mismo paquete electoral no fortalece la democracia.
“Lejos de simplificar, se volvería un proceso más complejo y menos equitativo”, sostuvo.
La legisladora puntualizó que la equidad en la contienda es un principio básico de la democracia representativa y que cualquier reforma debe priorizar claridad jurídica, certeza y reglas homogéneas para garantizar confianza ciudadana en los procesos electorales de 2027.
