Más de mil profesionales del derecho participarán en un programa de formación sobre el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, previo a su implementación en Tamaulipas.
Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Más de mil abogados y operadores jurídicos de Tamaulipas iniciaron un proceso de capacitación para prepararse ante la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, una reforma que busca transformar la impartición de justicia con un enfoque más humano, ágil y centrado en las personas.
La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Tania Contreras López, destacó que este programa de formación se desarrollará del 19 de junio al 10 de julio y se ha convertido en el curso de mayor alcance impulsado por el Poder Judicial de Tamaulipas.
Explicó que la capacitación será impartida por la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos A.C., organización que se suma al esfuerzo institucional para fortalecer la implementación del nuevo modelo de justicia civil y familiar.
Contreras López resaltó que la materia civil y familiar concentra cerca del 87 por ciento de los asuntos que atiende el Poder Judicial, por lo que la correcta aplicación de este nuevo marco legal tendrá un impacto directo en miles de familias tamaulipecas.
“Detrás de cada expediente existen personas y familias que requieren una respuesta profesional, sensible y oportuna”, expresó.
El curso tiene como objetivo fortalecer la preparación de servidores públicos, litigantes y demás actores involucrados en la impartición de justicia oral en materia civil y familiar, promoviendo herramientas que permitan una mejor atención y solución de los conflictos.
La titular del Poder Judicial señaló que el propósito no se limita a transmitir conocimientos técnicos, sino a construir una nueva visión de justicia basada en la colaboración entre todos los participantes del sistema jurídico.
Finalmente, afirmó que la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares representa una oportunidad para consolidar un sistema de justicia más eficiente, cercano y confiable para la ciudadanía, fortaleciendo la convivencia social y el acceso efectivo a la justicia.
