El abuso sexual denunciado en el hospital infantil detonó protestas, versiones encontradas y la intervención directa del Gobernador, en un caso que exige justicia con perspectiva de género
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El abuso sexual denunciado en el Hospital Infantil de Ciudad Victoria desbordó las calles, encendió la conversación pública y colocó al sistema de justicia bajo escrutinio social.
Familiares y personas cercanas a Carlos “N”, conocido como “La Rana”, enfermero y boxeador, protestaron frente a la Escuela Normal Federalizada, previo a la ceremonia de honores del Gobierno del Estado.
¿Que dice la familia del imputado?
Exigieron su liberación inmediata, argumentando una detención arbitraria, carente de pruebas contundentes y violatoria de derechos humanos, según expresaron durante la manifestación pacífica.
“Por presunción de inocencia no puede estar detenido”, afirmó una persona manifestante, mientras el grupo bloqueaba la vialidad como medida de presión pública.
El caso de abuso sexual, sin embargo, tiene al centro a una persona denunciante cuya voz permanece protegida, mientras el proceso penal avanza en etapa inicial.
Desde una perspectiva de género, el debate público refleja una tensión histórica: la exigencia de justicia para víctimas y el reclamo de garantías procesales para personas imputadas.
La versión de la Fiscalía
Momentos antes de la protesta, el fiscal general de Justicia, Jesús Eduardo Govea Orozco, confirmó que existe una orden de aprehensión emitida por un juez de control.
Explicó que dicha orden se sustentó en datos de prueba suficientes para acreditar el hecho investigado y la probable participación de la persona imputada.
“El resto son especulaciones”, subrayó el fiscal, quien recalcó que no puede revelar detalles por tratarse de una investigación en curso.
Además, sostuvo que se respeta la presunción de inocencia, mientras la defensa ejerce sus derechos dentro del debido proceso legal.
No obstante, familiares de “La Rana” insistieron en inconsistencias, tras la filtración de una imagen obtenida de un video de seguridad hospitalario.
Aseguraron que los rasgos físicos de la persona captada no coinciden con los del detenido, lo que, afirmaron, alimenta dudas razonables sobre el caso.
El testimonio de los compañeros de La Rana
Durante la protesta, Gamaliel González, compañero de trabajo, defendió públicamente la trayectoria del enfermero y cuestionó su traslado al penal de Altamira.
“Tengo más de quince años de conocerle y es una persona intachable”, expresó ante medios, mientras exigía justicia sin criminalización anticipada.
La madre del detenido, Marta Ruiz Castillo, también trabajadora del Hospital Infantil, ofreció un testimonio que profundizó la controversia pública.
Denunció que la detención ocurrió en su domicilio mediante un operativo violento, sin orden de cateo visible, y bajo presuntos delitos cambiantes.
Primero, dijo, se habló de narcomenudeo; después, de armas; finalmente, de abuso sexual, lo que calificó como una actuación irregular.
Aseguró que su hijo se encontraba de vacaciones y permanecía en casa el día de los hechos denunciados, información que, dijo, obra en la defensa legal.
Además, afirmó que el detenido permanece incomunicado, situación que incrementó la angustia familiar y la percepción de indefensión.
“Lo sacaron con violencia, rompieron vidrios y entraron por techos”, relató, mientras señalaba que personas vecinas presenciaron el operativo.
La respuesta del Gobernador
En medio de la protesta, el gobernador Américo Villarreal Anaya arribó a la cermonia de honores y fue abordado por las personas manifestantes.
Lejos de evadir el reclamo, el mandatario estatal accedió a escucharles directamente dentro de la dirección del plantel educativo.
Propuso instalar una mesa de diálogo con autoridades estatales, para revisar el caso con transparencia, legalidad y respeto a los derechos humanos.
El encuentro no resolvió el conflicto, pero marcó un gesto político relevante ante un caso de abuso sexual con alto impacto social.
La manifestación provocó el cierre del bulevar Praxedis Balboa, obligando a Tránsito a implementar desvíos para mantener la movilidad urbana.
Mientras tanto, la Fiscalía reiteró que el proceso apenas comienza y que toda persona imputada debe considerarse inocente hasta sentencia firme.
El abuso sexual denunciado no solo interpela a las autoridades, sino a una sociedad que exige justicia, verdad y procesos confiables.
En Ciudad Victoria, la historia sigue abierta, y su desenlace marcará un precedente sobre cómo se investiga, juzga y comunica la violencia sexual.
