Beto Granados confirma el cese de siete elementos de Tránsito por presuntos actos de extorsión. El gobierno advirtió que no permitirá abusos contra la ciudadanía

Matamoros, Tamaulipas.- Siete elementos de Tránsito fueron dados de baja en medio de una política declarada de cero tolerancia a la corrupción, luego de que surgieran señalamientos por presuntos actos de extorsión contra ciudadanos.

La medida, anunciada por el alcalde Beto Granados como parte de una estrategia para recuperar la confianza pública, marca un mensaje directo desde la autoridad: no habrá espacio para prácticas que vulneren a la población ni para funcionarios que utilicen su cargo para beneficio personal.

Según lo informado, durante esta misma semana se presentarán las pruebas correspondientes a los elementos involucrados, y las autoridades aseguraron que se actuará conforme a la ley.

Una advertencia directa: no se tolerarán abusos

Betro Granados dejó claro que las bajas no son un hecho aislado, sino parte de una política institucional enfocada en erradicar conductas indebidas dentro de la corporación.

El mensaje fue contundente:

No se permitirá la extorsión en ningún nivel.

Advirtió que quienes dañen la imagen del servicio público o abusen de la ciudadanía enfrentarán consecuencias inmediatas.

Este posicionamiento busca enviar una señal interna dentro de la corporación y externa hacia la población: la vigilancia institucional también alcanza a quienes ejercen funciones de autoridad.

Medida extraordinaria: suspensión de rutas operativas

Como parte de la respuesta inmediata, se anunció que no habrá rutas habituales de tránsito durante un periodo de siete días.

En su lugar:

• Todos los elementos serán asignados a puntos estratégicos de semáforos
• Se reforzará la vigilancia en intersecciones clave
• Se priorizará la atención directa a la ciudadanía

La medida pretende reducir oportunidades de conductas indebidas y aumentar la supervisión operativa.

Lo que dice la ley sobre la extorsión

En México, la extorsión constituye un delito grave.

El Código Penal Federal establece que la extorsión se configura cuando una persona obliga a otra a entregar dinero o beneficios mediante presión o abuso de autoridad.

Cuando este delito es cometido por servidores públicos, puede implicar:

• Responsabilidad administrativa
• Responsabilidad penal
• Inhabilitación para ejercer cargos públicos

Además, la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que los servidores públicos deben actuar bajo principios de:

• Legalidad
• Honestidad
• Lealtad
• Imparcialidad

Cualquier abuso contra ciudadanos constituye una falta grave.

Un mensaje interno: quien no cumpla, se va

El posicionamiento institucional fue acompañado por una advertencia directa dirigida a los elementos de la corporación:

Quien no entienda su responsabilidad frente a la ciudadanía, será separado del cargo.

El mensaje refuerza una línea de autoridad que busca frenar prácticas históricamente señaladas por la población, particularmente aquellas relacionadas con cobros indebidos o abusos en la vía pública.