Expertos constitucionalistas y autoridades coinciden en que la iniciativa para crear un Colegio de Periodistas carece de sustento jurídico y vulnera la libertad de expresión, por lo que será desechada en comisiones
Ciudad Victoria, Tamaulipas.— La iniciativa para crear un Colegio de Periodistas en Tamaulipas será desechada en comisiones legislativas, al ser considerada improcedente y contraria a la libertad de expresión, coincidieron autoridades y expertos en derecho constitucional.
El secretario general del Congreso local, Lorenzo Ochoa, confirmó que la propuesta impulsada por la diputada Cynthia Jaime Castillo se encuentra actualmente “congelada”, y adelantó que no avanzará al no reunir condiciones jurídicas ni consenso político.
La iniciativa planteaba crear un organismo con facultades para supervisar la ética en el ejercicio periodístico, recibir quejas contra comunicadores y emitir resoluciones públicas como recomendaciones o extrañamientos. Esta posibilidad encendió alertas en el gremio, ante el riesgo de establecer mecanismos indirectos de control informativo.
Por su parte, el subsecretario de Enlace Legislativo del Estado, Rómulo Pérez Sánchez, reiteró que el Gobierno estatal no respalda proyectos que limiten la labor periodística. Aseguró que la administración estatal mantiene respeto irrestricto a la libertad de expresión y negó cualquier intención de censura o regulación de contenidos.
Además, señaló que la propuesta careció de socialización con periodistas y actores legislativos, lo que evidenció falta de sustento técnico y político para su viabilidad.
Expertos advierten riesgos constitucionales
El constitucionalista Arnoldo Huerta, desde su espacio de análisis Minuto Constitucional, advirtió que el principal problema no es la existencia de un colegio, sino el riesgo de que se convierta en un filtro para ejercer el periodismo.
Explicó que los artículos VI y VII constitucionales protegen la libertad de expresión y prensa sin condicionamientos, mientras que el artículo IX establece que nadie puede ser obligado a asociarse, por lo que la colegiación solo puede ser voluntaria.
Asimismo, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han determinado que la colegiación obligatoria de periodistas es contraria a estándares constitucionales e internacionales.
Huerta subrayó que cualquier intento de regulación que implique presiones indirectas puede vulnerar el derecho a informar, lo que representa un riesgo para el ejercicio democrático.
Diputada defiende propuesta y destaca debate público
En respuesta, la diputada Cynthia Jaime Castillo defendió su iniciativa y sostuvo que el objetivo principal ha sido generar debate público sobre la ética periodística.
La legisladora rechazó que la propuesta tenga fines sancionatorios o de presión contra periodistas, y aseguró que nunca se planteó ordenar la eliminación de contenidos o imponer sanciones económicas.
También reiteró su respaldo a la libertad de expresión como un derecho fundamental, aunque reconoció que existen límites constitucionales vinculados a la seguridad nacional y otros aspectos legales.
Finalmente, especialistas coinciden en que cualquier mecanismo de autorregulación en el periodismo debe surgir desde el propio gremio y no mediante imposiciones institucionales, para evitar conflictos legales y proteger las libertades fundamentales.
