El Congreso de Tamaulipas rechazó que exista revancha política contra el ex alcalde de Matamoros, Mario López Hernández, y aseguró que las observaciones por casi 300 millones de pesos corresponden a un proceso legal de la Auditoría Superior del Estado.
Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El Congreso del Estado negó que exista una persecución política contra el ex alcalde de Matamoros y actual diputado federal, Mario López Hernández, tras las observaciones detectadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) en las cuentas públicas de su administración.
El presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso local, Isidro Vargas Fernández, afirmó que el procedimiento corresponde exclusivamente a revisiones técnicas realizadas por la ASE y rechazó que existan motivaciones políticas detrás del caso.
La postura surge luego de que Mario López Hernández acusara públicamente a figuras estatales de Morena de presuntamente traficar combustible ilegal.
Vargas Fernández explicó que las observaciones detectadas deberán ser solventadas por los ex funcionarios municipales dentro de los plazos establecidos por la ley, incluido el propio ex alcalde de Matamoros.
“Es un procedimiento que la Auditoría Superior está llevando a cabo. Cuando hay observaciones hay un plazo en el que deben desahogar las mismas”, sostuvo el legislador.
De acuerdo con información revelada recientemente por el diputado Humberto Prieto Herrera, las irregularidades detectadas en la cuenta pública 2023 del gobierno municipal de Matamoros ascenderían a cerca de 300 millones de pesos.
El diputado local precisó que, si se comprueban delitos relacionados con el manejo indebido de recursos públicos, la Auditoría Superior del Estado deberá presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes.
Además, recordó que los delitos por malversación de recursos públicos prescriben en un periodo de cinco años y hasta siete años cuando son considerados graves.
“El Congreso todavía está en tiempo de resolver la situación de las cuentas públicas de Mario López”, puntualizó Vargas Fernández.
El caso mantiene atención política en Tamaulipas debido a las recientes declaraciones públicas del ex alcalde matamorense y a las observaciones financieras realizadas por la ASE.
