El abuso de autoridad atribuido a la delegada de la Policía Auxiliar de Reynosa, Irma Martínez Ramírez, genera quejas internas y antecedentes de paros operativos
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El abuso de autoridad dentro de la Policía Auxiliar de Reynosa fue denunciado por un grupo de policías ante la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas y fue expuesto con copia, ante este medio.
En la denuncia, se señalan conductas indebidas de la delegada Irma Martínez Ramírez.
La inconformidad ocurre en un contexto donde, además, un hermano de la delegada se encuentra en prisión en Ciudad Victoria, tras haber sido procesado por el homicidio calificado y abuso de autoridad de un joven de 23 años de edad en el municipio de Tula, de acuerdo con registros judiciales estatales.
Este antecedente corresponde al inicio del sexenio del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca y forma parte de expedientes radicados en el sistema penitenciario de la capital del estado.
En el documento dirigido al titular de Seguridad Pública, el personal acusa que la delegada no respeta horarios de descanso y ordena labores fuera de turno, lo que ha generado malestar laboral.
Además, afirman que la funcionaria presume respaldo de mandos superiores, lo que —aseguran— refuerza prácticas de abuso de autoridad y debilita el clima institucional.
Por ello, solicitaron una investigación formal y la aplicación de medidas correctivas que garanticen un entorno laboral digno, respetuoso y apegado a los protocolos internos.
Antecedentes de inconformidad operativa
El señalamiento por abuso de autoridad no es un hecho aislado. El 1 de diciembre de 2025, elementos de la Guardia Estatal destacamentados en el valle de San Fernando suspendieron labores operativas.
La protesta se extendió a San Fernando, Burgos, Cruillas, San Nicolás y Méndez, donde agentes bajo su mando en ese momento realizaban patrullajes y acompañamiento a personas viajeras.
Las y los policías acusaron a la misma delegada regional de ejercer control excesivo sobre operativos y personal bajo su mando, con prácticas fuera de protocolo.
Entre los señalamientos destacan intervenciones sin sustento legal, solicitudes constantes de ubicación en despliegues críticos y revisiones arbitrarias de teléfonos celulares.
También denunciaron acoso psicológico, con señalamientos reiterados sin pruebas, lo que —afirman— pone en riesgo la seguridad del personal en campo.
Hasta el cierre de esta información, la Secretaría de Seguridad Pública del estado no había fijado postura pública sobre las denuncias por abuso de autoridad ni sobre la situación administrativa de la delegada regional.
