La Secretaría Anticorrupción turnó los casos del ITCA y el INDE a la Fiscalía Anticorrupción y al Tribunal de Justicia Administrativa por presuntas faltas graves relacionadas con recursos públicos de 2023.
Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Más de 14 millones de pesos bajo observación en los organismos estatales de cultura y deporte derivaron en denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) y procedimientos ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), confirmó la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo.
Los expedientes corresponden a revisiones de la cuenta pública de 2023 y señalan presuntas irregularidades en el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA) y el Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE). Hasta ahora, las observaciones no constituyen por sí mismas una determinación de responsabilidad.
El monto señalado en el ITCA asciende a ocho millones de pesos, mientras que en el INDE las observaciones superan los seis millones. En ambos casos, la Secretaría informó que remitió la documentación a las autoridades competentes para que determinen si existen responsabilidades administrativas graves o posibles delitos.
En el organismo cultural, las inconsistencias detectadas corresponden al periodo comprendido entre octubre de 2022 y agosto de 2024, cuando Brenda Denisse de la Cruz López estuvo al frente de la institución.
Pedraza Melo explicó que la legislación establece una ruta distinta según la gravedad de las conductas investigadas. La Secretaría puede imponer sanciones por faltas no graves, como amonestaciones, suspensiones, destituciones e inhabilitaciones, mientras que los expedientes por presuntas faltas graves deben ser resueltos por el Tribunal de Justicia Administrativa.
La funcionaria precisó que las facultades de su dependencia para inhabilitar servidores públicos por faltas no graves tienen límites legales, por lo que corresponde al Tribunal determinar las sanciones administrativas o económicas que procedan en los casos turnados.
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción deberá establecer si los hechos denunciados ameritan responsabilidades penales. La resolución dependerá de las investigaciones y de lo que acrediten las autoridades durante el desarrollo de los procedimientos.
