EN TÉRMINOS COLOQUIALES
Entre polémicas y realidades
Por Alan Morales
En medio de la controversia por la reforma judicial y el cruce de espadas entre posturas políticas, la realidad que enfrenta la impartición de justicia en México y Tamaulipas es más cruda de lo que cualquier discurso podría cubrir.
Lo que se encuentra detrás de las cifras y los números fríos es un sistema judicial asfixiado, con una alarmante carencia de jueces y un rezago de expedientes que crece como una bola de nieve.
El Magistrado Octavio García Ramos, coordinador de la sede en Victoria del Poder Judicial de la Federación (TPJF), no duda en poner el dedo en la llaga.
Según él, México y Tamaulipas no tienen ni de lejos el número de juzgadores que se necesitan para atender a la población.
“Hay países que tienen entre 100 y 150 juzgadores por cada cien mil habitantes”, señala, dejando entrever que nuestras cifras palidecen en comparación.
Aquí no solo hablamos de jueces, sino de muchas áreas del derecho que requieren atención especializada.
Es un problema que no es nuevo y del que los propios juzgadores han venido advirtiendo: la carga de trabajo simplemente los desborda.
Y no se trata solo de una percepción o de quejas infundadas, sino de un hecho que se alinea con parámetros y lineamientos internacionales.
El déficit es real y el rezago esta a la vista.
Pero como si eso no fuera suficiente, los jueces y magistrados operan bajo una constante sombra de inseguridad.
“Si nos quieren hacer algo, no hay poder que los pueda detener”, dice el magistrado, dejando claro que, más allá de los despachos y las salas de audiencias, existe un riesgo latente que amenaza su labor diaria.
A pesar de todo, García Ramos recalca que su compromiso con la justicia sigue firme.
Enfrentan esta monumental tarea con responsabilidad, profesionalismo e independencia, con la esperanza de mejorar la impartición de justicia, a pesar de que las condiciones actuales los ponen contra las cuerdas.
Sin embargo, la pregunta que queda en el aire es: ¿hasta cuándo podrá sostenerse un sistema judicial que ya muestra signos de fatiga y colapso?
¿Será la reforma judicial la solución?