EN TÉRMINOS COLOQUIALES
La fiesta se les acaba en julio
Por Alan Morales
Mientras el Congreso del Estado se enfrenta al análisis de una de las auditorías más rigurosas de los últimos años, hay una pieza clave que, curiosamente, nadie está mencionando: las resoluciones que emita el Poder Legislativo no son el fin del camino.
Todo lo contrario. El verdadero campo de batalla está en el Tribunal de Justicia Administrativa, ese órgano que, aunque debería ser el último eslabón en la cadena de rendición de cuentas, sigue funcionando como refugio de impunidad para quienes alguna vez tuvieron el poder.
El Tribunal aún está bajo el control de fichas heredadas del sexenio anterior, y eso no es un detalle menor.
Es una amenaza latente. Porque aunque el auditor Francisco Noriega haya sacudido el tablero con un informe sólido, técnico y meticulosamente documentado, los procesos administrativos derivados de sus hallazgos pueden estancarse —como ya ha ocurrido antes— en esa institución que, hasta ahora, ha servido más como escudo político que como órgano de justicia.
La cifra observada es histórica: 2 mil 672 millones de pesos, detectados en irregularidades que abarcan desde dependencias estatales hasta ayuntamientos y organismos autónomos.
Y no se trata de meras fallas técnicas. Hay casos con presuntas responsabilidades administrativas graves, con elementos suficientes para llegar a sanciones reales.
Pero mientras el Tribunal siga en manos de quienes tienen más compromisos con el pasado que con la legalidad, lo más probable es que esas observaciones se vayan diluyendo, archivando o desestimando, y ese es el verdadero peligro.
Los primeros en darse cuenta de esto han sido, por supuesto, los implicados. Muchos de ellos —con nombres y apellidos que pronto conoceremos— han comenzado ya el peregrinaje en busca de la bendición de Edgar Uriza Alanís, presidente del Tribunal.
Uriza, fiel a los intereses del régimen anterior, ha sido pieza clave para garantizar que ningún proceso incómodo avance demasiado. Y, mientras él siga al frente, es ingenuo pensar que el combate a la corrupción irá más allá del papel.
La buena noticia: el tiempo se les agota. El próximo 17 de julio, Uriza concluye su mandato. Su salida representa no solo el fin de una era de protección institucionalizada, sino una oportunidad para desmontar esa última trinchera de impunidad que tanto daño le ha hecho al Estado.
Y aquí vale la pena subrayarlo: lo que presentó Noriega no fue una cacería de brujas ni una vendetta política. Fue una auditoría profesional, técnica, respaldada por una decisión clara de poner fin a las simulaciones. “Dejamos atrás las auditorías de chocolate”, dijo ante la prensa, y con razón. Porque ahora, por primera vez en mucho tiempo, las revisiones no se derriten ante la presión.
Los datos lo respaldan: 961 entes auditados, más de 81 mil millones de pesos revisados, 195 informes individuales y 34 auditorías de desempeño. Además, una revisión inédita al ejercicio 2021 en materia de disciplina financiera, que reveló lo que muchos sabían, pero nadie se atrevía a documentar: que antes no se auditaba con seriedad.
Lo que hay sobre la mesa no es solo una lista de observaciones. Es una radiografía del uso y abuso de los recursos públicos en Tamaulipas. Y ante eso, lo mínimo que se espera es que las instituciones respondan con responsabilidad, no con complicidad.
El Congreso tiene hoy una tarea difícil, pero urgente. No puede permitir que el trabajo de la Auditoría Superior termine en el callejón sin salida del Tribunal de Justicia Administrativa. No esta vez.
Porque si algo está claro es que quienes están bajo la lupa ya no pueden esperar otra puerta de escape. Y lo que está dicho por el Auditor, ya no se puede desdecir.
¿Habrá justicia, o se consolidará la impunidad?
Tic, toc, el reloj corre. Y los que creen que pueden seguir burlando la ley… deberían irse despidiendo de esa ilusión.
