EN VISTO
Romper el silencio
Por Dora de la Cruz
La violencia contra la mujer es un tema que debe asumirse con la seriedad que merece, tanto por parte de las autoridades como de la sociedad. Denunciar y dejar de normalizar lo que no lo es es una responsabilidad compartida. Además, el trato de la justicia debe ser igual para todas las mujeres que acuden a las autoridades para presentar una denuncia.
El silencio no es una opción para nadie, y tampoco lo es para las autoridades del Poder Judicial en Tamaulipas, donde el rezago en demandas por pensión alimenticia ocupa el primer lugar. Este problema es reflejo de un sistema contaminado por la cultura machista, donde estos asuntos urgentes no son prioridad. Falta sensibilidad para comprender que la obligación alimentaria es, en muchos casos, el único sustento con el que cuentan hijas e hijos para su alimentación.
La deuda del Poder Judicial con las mujeres es histórica en delitos como la violencia psicológica, laboral, el acoso sexual, la violencia física y, en su máxima expresión, el feminicidio. Este último es consecuencia de agresiones previas que no fueron visibilizadas ni castigadas. Los juzgados acumulan un grave rezago en la resolución de expedientes porque estos casos no son prioridad para los jueces. Por ello, aunque la oposición critique la reforma judicial, esta es necesaria para erradicar las prácticas machistas y los privilegios en el acceso a la justicia.
El actual sistema judicial es inoperante. Hay muchas historias de mujeres que tienen archivadas sus denuncias por agresión, pensión alimenticia o acoso sexual. En algunos casos, incluso se les exige que localicen a sus exparejas y proporcionen información sobre su empleo para que la autoridad pueda buscarlas. Entonces, ¿para qué sirve un sistema judicial que delega en las víctimas la responsabilidad de encontrar a sus agresores?
Con la reforma judicial, que implementará la paridad en los juzgados y en el Supremo Tribunal de Justicia, habrá cambios radicales. Esto permitirá que la justicia tenga el rostro de la mujer y se ejerza con perspectiva de género. Además, se abre la posibilidad de que, por primera vez, una mujer presida este poder en Tamaulipas bajo la política de paridad.
Se necesita un Poder Judicial conformado por jueces y juezas que conozcan y apliquen los protocolos de perspectiva de género.
Pero también es fundamental sancionar a quienes incumplan con estas responsabilidades. Romper el silencio es el camino para acabar con la impunidad y castigar a quienes cometen estos delitos.
El cambio en el Poder Judicial implica una política de cero tolerancia contra la violencia de género. Esto significa no solo garantizar que las leyes se apliquen con perspectiva de género, sino también erradicar de los tribunales a jueces y magistrados cómplices de estas violencias.
No se puede hablar de justicia mientras existan juzgadores que revictimizan a las mujeres, minimizan sus denuncias o dejan impunes a los agresores. La transformación del sistema judicial debe ir más allá de las reformas en papel, debe traducirse en un compromiso real de jueces, magistrados y operadores del derecho para garantizar que ninguna mujer quede desprotegida ante la violencia.
