EN VISTO
Todos queremos ver las sanciones
Por Dora de la Cruz
La aplicación de la justicia, en el ámbito de los servidores públicos que incurren en actos de corrupción, o irregularidades en el desempeño de sus funciones es lenta; en algunos casos, ni siquiera llegan a pisar la cárcel, pues están amparados por un sistema judicial que protege a los indefendibles.
La contralora gubernamental, Norma Angélica Pedraza, presentó un informe sobre las investigaciones iniciadas a partir de 2022. De un total de 3,014 expedientes, el 86.67% corresponden al Poder Ejecutivo, es decir, más del 90% involucran a exfuncionarios del gobierno cabecista. Hasta ahora, se han aplicado en el gobierno de MORENA, 83 sanciones a exfuncionarios y servidores públicos del Gobierno, que incluyen 26 amonestaciones, tres suspensiones y 54 inhabilitaciones. De estas últimas, 21 personas fueron inhabilitadas directamente por la Contraloría Gubernamental.
Lo más destacado, es que la Contraloría concluyó estas investigaciones con cinco denuncias por delitos graves, es decir, por daño al erario público, que fueron presentadas ante la Fiscalía General de la República, además de 12 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas, en las que están implicados exfuncionarios cabecistas y el propio exmandatario Francisco Javier “N”, a quien se señala por un daño al erario de 500 millones de pesos.
De ese tamaño fue el saqueo al pueblo de Tamaulipas, para la ciudadanía; este sigue siendo un tema de impunidad, ya que, a tres años de haber concluido su mandato, el exgobernador sigue en libertad y, además, continúa beneficiándose del presupuesto estatal, pues se le siguen pagando escoltas con recursos públicos.
El debate sobre sanciones y cárcel para exfuncionarios, pone sobre la mesa la lentitud en la aplicación de la justicia para un grupo privilegiado. Aquí entra en juego el actual sistema del Poder Judicial, cuya estructura, plagada de amiguismo, compadrazgo y redes de protección, impide avances en las sentencias y, en su caso, la aprehensión de los responsables.
Los recursos desviados por la pasada administración estaban etiquetados para programas sociales, becas para estudiantes de escasos recursos, medicamentos para hospitales públicos y obras de infraestructura que nunca se realizaron o quedaron a medias. Ese dinero, en lugar de llegar a quienes más lo necesitaban, terminó en los bolsillos de unos cuantos que, desde sus posiciones de poder, se dedicaron a saquear Tamaulipas.
La aplicación de justicia, por parte del gobierno de Morena, sin duda va a restaurar la confianza en las instituciones. La actual administración morenista tiene la oportunidad de marcar un precedente y demostrar que la corrupción no quedará impune.
La ciudadanía quiere ver las sanciones. Quiere ver justicia.
