EN VISTO
Miedo a la reforma electoral o al fin de los privilegios políticos
Por Dora de la Cruz
La propuesta de la reforma electoral, que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum, ha provocado que la oposición inicie una contracampaña, no por un tema de defensa de la democracia, sino por el individualismo de los partidos de oposición, que están centrados en lo que perderán con este ajuste presupuestal al sistema electoral y que le cuesta miles de millones de pesos a las y los mexicanos.
La propuesta en lo general anunciada por la Presidenta, señala puntos a destacar, como son, la reducción del número de diputaciones plurinominales, es decir que con esta reforma, algunos partidos políticos, “sostenidos” con estas representaciones en las cámaras federales y locales, dejarían de tener estos espacios que son conocidos como “premios”, a quienes sirven solo a intereses de la cúpula de su partidos. Esta reforma está centrada en bajarle al gasto de las campañas electorales y las elecciones, para disminuir el financiamiento a partidos políticos y al sistema electoral.
Por supuesto que esta propuesta tiene enojada a la oposición, que al igual que pasó con la reforma judicial, se oponen a todo lo que beneficie a la población y defienden sus privilegios e intereses de grupos políticos; le tienen temor a perder su negocio, lo que han hecho de la política y cargos en el poder.
En México, se tiene en el Senado de la República 128 senadoras y senadores y de estas, 32 son plurinominales, que fueron asignadas por sus partidos políticos a sus “cuates”, que además poco aportan en el quehacer legislativo y por otra parte, en la cámara de diputados federales son 500 diputadas y diputados, de los cuales 200 asientos en el congreso y sueldos corresponde a los pluri, que, si se hace un verdadero análisis, sus votos no son necesarios para hacer reformas y nuevas leyes, porque se han dedicado, en forma reiterada, a rechazar todo aquello que represente un beneficio para el pueblo.
La oposición insiste en que con la reforma se perderá la autonomía del Instituto Nacional Electoral, según lo expresado por Ricardo Anaya, coordinador del Partido Acción Nacional. Y en la misma postura Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, afirmó que su partido no participará en la discusión.
Estas posturas, más que una preocupación por la democracia, exhiben el miedo a perder privilegios. Cuando Anaya y Moreno levantan la voz, no lo hacen para defender al pueblo, sino para blindar un sistema que durante décadas les garantizó cuotas, pactos y beneficios a costa de los recursos públicos. Su negativa a debatir no es otra cosa que no tienen el mínimo interés, de aportar a la posibilidad de transformar instituciones para hacerlas más eficientes y menos costosas.
La reforma va; ya las autoridades del Instituto Nacional Electoral, tuvieron un primer acercamiento con la Comisión Presidencial para la realización de la misma, que encabezó la Consejera Presidenta, Guadalupe Taddei, con el Comisionado Pablo Gómez.
Definitivamente, bajarle al costo de las elecciones, es una demanda ciudadana y es una propuesta histórica, pendiente, con la población que quiere ser escuchada en los foros, al igual que a la clase política, para poder integrar la propuesta legislativa.
Es momento de bajarle a los partidos políticos, de acabar con la lógica de que los cargos sean un negocio y un privilegio. Los recursos públicos deben etiquetarse a programas sociales que verdaderamente atiendan a quienes más lo necesitan. A la oposición le duele que ese dinero ya no llegue a sus bolsillos, pero también debe decirse con claridad: a quienes hoy están en el poder y continúan apostando por las mismas prácticas de corrupción y privilegios; se les debe exigir con la misma fuerza. Porque la política no puede seguir siendo un botín, sino un instrumento al servicio del pueblo.
