EN VISTO
La defensa mediática del exgobernador
Por Dora de la Cruz
“Sepan, y que sepan bien, les voy a contestar y tengo para todos”, fue la declaración del entonces gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, en esa conferencia, con el rostro desencajado y un tono agresivo; ahí el exgobernador dejó ver quién era realmente; así lo interpretaron los medios de comunicación nacionales y algunos estatales, en mayo del 2022, aquella mañana, en el Salón Independencia del Palacio de Gobierno estatal a donde sólo fueron convocados y acudieron un reducido grupo de periodistas.
La frase fue interpretada como una amenaza para quienes criticaran su administración; no fue la gota que se había derramado; el vaso de agua del ex gobernador, ya sea había desbordado desde el 21 de febrero, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) presentó la solicitud de desafuero en su contra, anunciando un año que venía desgastante, en su intento de suspender la procedencia del juicio político, que finalmente anuló el desafuero, manipulando al Congreso local y contando con el respaldo de la antigua Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Las amenazas no cesaron desde entonces.
Esta semana, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, visitó la capital tamaulipeca y describió al exgobernador como un símbolo de la corrupción del PAN y como un cínico. Fiel a su estilo, él salió de inmediato “a defenderse” y a pedirle pruebas de su declaración. Cabeza de Vaca exigiendo pruebas de que es corrupto, cuando él enfrenta una orden de aprehensión por lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, siete exfuncionarios de su gobierno en Tamaulipas han sido vinculados a proceso penal.
El gobierno panista en Tamaulipas ha sentado precedente, como una de las administraciones estatales, con la cifra más alta de expedientes abiertos por actos de corrupción; el último dato es que se han presentado al menos 70 denuncias contra García Cabeza de Vaca y exfuncionarios de su administración en Tamaulipas, derivadas de presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos durante su mandato (2016–2022), solo en el área de la salud.
Estas denuncias incluyen 14 de carácter penal, con un presunto daño al erario superior a 343 millones de pesos. Los delitos señalados abarcan uso ilícito de atribuciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita .
Y este fin de semana, como dijo, “les voy a contestar”, no a presentar pruebas, el ex gobernador del Partido Acción Nacional salió a dar entrevistas “concertadas”, asegurando que fue él quien descubrió el tráfico de combustible y que supuestamente envió en julio de 2020 una carta a la Secretaría de Gobernación, denunciando el contrabando de huachicol fiscal que su gobierno estaba decomisando. La realidad, sin embargo, es otra: en aquel momento se señaló que su primo, Marco Antonio Guerra García, entonces Director de Operación Sanitaria de la COEPRIS, aprovechó su cargo para llenar sus bolsillos, en complicidad con Arturo Soto Alemán, asumiendo funciones de corte federal por instrucciones del superior común, lo que fue un secreto a voces en la administración.
Para todos tiene, pero cuando se trata de responder, su defensa es mediática, mientras que la orden de aprehensión en su contra sigue vigente, a la espera de que la Corte resuelva su caso.
