EN VISTO
Esto va para todos
Por Dora de la Cruz
Ayer la Comisión Instructora del Congreso del estado, analizó la solicitud de desafuero del Magistrado Edgar Danés Rojas, Presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas, por presunta comisión de delitos sexuales, contra una ex empleada del tribunal y una menor de edad, de acuerdo a los dos expedientes, que se enviaron al poder legislativo por parte de la fiscalía.
El magistrado, enfrenta una primer denuncia de presunto abuso cometido contra una menor, y la segunda denuncia pública, corresponde a una ex empleada del tribunal que dijo haber sido víctima de acoso del Magistrado, entre diciembre del 2022 y Mayo del 2023, cuando fue despedida.
Apenas ayer el Congreso del estado, recibió solicitud de un Agente del Ministerio Público de Nuevo Laredo, para retirar la inmunidad procesal al Presidente del TRIELTAM, por denuncia en su contra de presuntos delitos sexuales a fin de que enfrente la justicia.
La impunidad en los delitos sexuales es uno de los problemas más graves dentro de los sistemas de justicia, y cuando estos son cometidos por personas en posiciones de poder, la situación se agrava aún más. La red de complicidades que permea las estructuras judiciales y que protege a los agresores, quienes se valen de su influencia y fuero, para evadir las consecuencias, debe acabar. En muchos casos, no solo se ignoran las denuncias, sino que las mismas instituciones que deberían velar por la justicia fomentan el silencio de las víctimas, intimidándolas o haciendo que desistan de confirmar sus acusaciones.
Este círculo vicioso perpetúa la violencia sexual, enviando el mensaje de “No pasa nada” hacia los agresores y desalienta a quienes han sufrido estos abusos a buscar justicia, pero además genera una cultura de silencio que afecta gravemente a las víctimas, muchas de las cuales quedan sin acceso a apoyo ni justicia.
Hoy, cuando se lleva a cabo el caso de un alto funcionario en el poder, específicamente el Presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas, para la declaración de procedencia del retiro de la inmunidad procesal y la separación del cargo, no solo se está tomando una acción legal de gran relevancia. También se envía un mensaje claro a la sociedad: los agresores que ocupan posiciones de poder no gozarán de impunidad.
Este hecho representa una señal contundente para aquellos servidores públicos, que aún creen que sus cargos les otorgan privilegios por encima de la ley. La justicia, aunque a veces demorada, comienza a abrirse paso en los espacios de poder, recordándonos que los derechos de las mujeres deben ser respetados sin excepción.
Es también un llamado de atención a todos los funcionarios, sin importar su nivel jerárquico, para que comprendan que cualquier abuso de poder, especialmente aquellos que vulneran la integridad y los derechos de las mujeres, será sancionado.
El caso del magistrado del que ahora se ocupa el Congreso del estado, no solo busca justicia en un caso particular, sino también prevenir futuros abusos al dejar claro que no habrá tolerancia para quienes infrinjan los principios de igualdad y respeto.
Claro que este no es el único caso de funcionarios que, desde el poder, ejercen acoso sexual. Por esta razón, la aplicación de la justicia a favor de la víctima no solo es fundamental, sino que también genera confianza en las autoridades y envía el mensaje de que alzar la voz es importante. Además, se promueve la cultura de la denuncia.
¡Basta ya de que desde el poder, y desde cualquier espacio, continúe la violencia contra las mujeres! No podemos seguir permitiendo que se pretenda ver a las mujeres como objetos sexuales y no como lo que son: personas con inteligencia y con derechos que deben ser respetados. Por ello, cada 25 de mes, durante el Día Naranja, no es suficiente con llevar un lazo naranja; se necesitan acciones concretas que garanticen el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
