La directora del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, Marcia Benavides Villafranca, advierte que investigar feminicidios como homicidios simples perpetúa la impunidad. Anuncia mesa interinstitucional para reforzar la perspectiva de género en la Fiscalía y el Poder Judicial
Ciudad Victoria, Tamaulipas. – La falta de perspectiva de género en la investigación de feminicidios continúa debilitando el acceso a la justicia para las mujeres en Tamaulipas, advirtió la directora del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, Marcia Benavides Villafranca.
La funcionaria señaló que, aunque la ley obliga a investigar toda muerte violenta de una mujer bajo el protocolo de feminicidio, en la práctica muchos casos siguen clasificándose como homicidios simples, lo que invisibiliza la violencia de género y limita la correcta sanción de los responsables.
Recordó que los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación son claros: toda muerte de mujer con indicios de violencia debe analizarse con perspectiva de género y conforme a los tratados internacionales que protegen los derechos humanos de niñas y mujeres.
“La obligación del Estado es garantizar investigaciones diligentes desde el inicio, recabar pruebas con enfoque especializado y evitar cualquier forma de revictimización”, subrayó.
Benavides Villafranca anunció la creación de una mesa interinstitucional para reforzar la coordinación entre la Fiscalía General de Justicia en el Estado, el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, con el objetivo de asegurar que todos los procesos incorporen perspectiva de género y derechos humanos.
Explicó que juzgar o investigar sin este enfoque puede derivar en negligencia institucional, cuestionamientos indebidos y nuevas afectaciones a las víctimas o sus familias.
Pese a las reformas aprobadas por el Congreso local y los programas implementados, la violencia familiar y de género en Tamaulipas no ha disminuido, reconoció. Por ello, insistió en que la capacitación obligatoria a operadores de justicia y la aplicación efectiva de protocolos son claves para combatir la impunidad y garantizar justicia para las mujeres.
