En la denuncia judicial de la UAT contra Francisco “N” y Guillermo “M” también se incluye al diputado federal Gerardo “P” por peculado y otros
Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Hasta 196 años de prisión, en suma, podría enfrentar el cuarteto señalado de saquear la UAT, según lo informado por el Abogado General de la Universidad José Carlos Mora García.
Ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, fueron denunciados el exgobernador Francisco “N”, el exrector Guillermo “M”, el diputado federal Gerardo “P” y el exsecretario de administración Alberto “S”, se presume su responsabilidad en los delitos de ejercicio ilícito de servicio público, peculado, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades.
La denuncia la interpuso Mora García, quien en rueda de prensa informó que “derivado del proceso entrega-recepción” encontraron una serie de inconsistencias graves que afectan el patrimonio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, por 180 millones de pesos.
El diputado federal Gerardo “P”, es señalado de conductas ilícitas cuando fue diputado, mientras que, Alberto “S” cuando fue Secretario de Administración del Gobierno de Tamaulipas.
“Una parte importante de las participaciones que correspondía al Gobierno estatal entregar, no fueron entregadas, esto implica un daño patrimonial particularmente importante porque muchas de las funciones que la Universidad tiene encomendadas no pueden ser realizadas en virtud de la carencia de estos recursos”, explicó.
Además, los señalados, suscribieron un contrato de dación en pago y fue suscrito por el Gobierno del Estado y la Rectoría de la Universidad, el bien que fue objeto de este contrato es un inmueble que fue sobrevalorado, es decir, se le asignó un valor muy superior al que en términos catastrales puede tener en el mercado.
¿Cómo orquestaron el saqueo?
En 2016 fue suscrito un convenio por parte del Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Educación Pública con el Gobierno del Estado y la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a fin de proporcionar un subsidio a la Universidad para cumplir con sus funciones académicas.
Para el ejercicio fiscal del año 2022 la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado aportarían a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la cantidad total de $4,122, 429, 006.00 (Cuatro Mil Ciento Veintidós Millones Cuatrocientos Veintinueve Mil Seis Pesos 00/100 m.n.), en tanto, el Estado aportaría la cantidad de $ 1, 650, 739, 222.00 (Mil Seiscientos Cincuenta Millones Setecientos Treinta y Nueve Mil Doscientos Veintidós Pesos 00/100 m.n.).
El 19 de abril de 2022 el C.P. GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS, Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, solicitó al entonces Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, un inmueble en donación en el municipio de Reynosa Tamaulipas, para realizar un campus universitario.
El Rector refirió que, a esa fecha el Estado debía a la UAT $191,773,749 (CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), por lo que la Universidad podía considerar como aportación parcial a dicho programa, el valor que tenga el inmueble que en su caso se nos pueda otorgar por parte del Estado.
El Secretario de Administración JESÚS ALBERTO SALAZAR ANZALDUA respondió a la petición del rector, comunicándole que sí se contaba con un inmueble con las características requeridas para en su caso otorgar la enajenación correspondiente, siendo una fracción de terreno rústico en el Municipio de Reynosa Tamaulipas, con una superficie total de 60-03-79 (sesenta hectáreas, tres áreas, setenta y nueve centiáreas). El 17 de mayo de 2022, el Secretario de Administración JESÚS ALBERTO SALAZAR ANZALDUA emitió la Declaración de Procedencia respecto de la enajenación del inmueble en su modalidad de dación en pago.
El 23 de mayo de 2022, el Ingeniero Civil Maximino Ortiz Benavides, emitió avaluó respecto del inmueble a enajenar, otorgándole un valor de $ 187, 804, 094.00 (Ciento Ochenta y Siete Millones Ochocientos Cuatro Mil Noventa y Cuatro Pesos 00/100 m.n.).
El 23 de mayo de 2022, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA envió al H. Congreso del Estado la Iniciativa de Proyecto de Decreto para que se autorizara la enajenación del inmueble a favor de la Universidad conforme a la figura jurídica de la dación en pago.
La iniciativa se sostuvo con el argumento central que en función a las medidas tomadas con motivo de la pandemia, medidas que no estaban contempladas en el presupuesto de egresos de ese año, era necesario el re direccionamiento del gasto público para atender la contingencia.
A su vez, el entonces Secretario General de Gobierno GERARDO PEÑA FLORES además de suscribir la iniciativa, precisó que no existía inconveniente en calificar factible la transmisión del inmueble.
El 2 de junio de 2022 el Congreso del Estado de Tamaulipas, emitió el Decreto 65-167 mediante el cual autorizó la enajenación del referido bien inmueble.
Después, la Auditoría Superior de la Federación en su Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022 publicada en su página oficial de internet, respecto de la Auditoría número 1844 realizada con el objetivo de fiscalizar que la ministración y transferencias de los recursos del Programa “SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES” (U006), en el apartado número cuatro de resultados precisó:
Se verificó que, mediante el Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero número 0164/22 y del Segundo Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero número 0918/22, el Gobierno del Estado de Tamaulipas acordó realizar aportaciones estatales a la UAT por 1,650,739.2 miles de pesos y 40,531.5 miles de pesos, en total 1,691,270.7 miles de pesos; sin embargo, durante el ejercicio fiscal 2022 únicamente le realizó aportaciones estatales por un total de 1,190,355.5 miles de pesos; por lo anterior, se determinó que el Gobierno del Estado de Tamaulipas no le depositó a la UAT un monto de 500,915.2 miles de pesos, y por lo tanto no cumplió con el total de la aportación que le correspondía.
Dolosamente se omitieron aportar más de quinientos millones de pesos a la Universidad, ocultando el uso y destino final del recurso, pues no se acredito que ese recurso se hubiera redireccionado al rubro relativo a la salud.
Los presuntos responsables habrían dado, según los informes del abogado de la UAT una aplicación distinta a los recursos públicos estatales que debieron ser ministrados a la Universidad intentándolo justificar en los gastos erogados por la pandemia.
La iniciativa que se envió al Congreso del Estado refiere que el valor del inmueble, era de $ 187, 804, 094.00 (Ciento Ochenta y Siete Millones Ochocientos Cuatro Mil Noventa y Cuatro Pesos 00/100 m.n.).
Según el avalúo que acompaña la denuncia el valor real del inmueble es de $ 13, 081, 000.00 (Trece Millones Ochenta y Un Mil Pesos 00/100 m.n.), se presume que, con el sobreprecio del bien inmueble se tuvo por pagado el adeudo de más de $174 millones de pesos que correspondían a la UAT.
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