El organismo electoral analiza crear un reglamento para registrar y fiscalizar los gastos de promoción en redes sociales realizados antes de las campañas, ante los vacíos que existen en la legislación vigente.
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) analiza la creación de un reglamento que permita fiscalizar los gastos de promoción anticipada que realizan actores políticos en redes sociales, con el propósito de fortalecer la equidad en los procesos electorales.
La consejera Marcia Laura Garza Robles, presidenta de la Comisión de Procedimientos Sancionadores, explicó que dentro del Consejo General existe la propuesta de llevar un registro de los recursos utilizados en este tipo de actividades para que, en caso de que la persona obtenga una candidatura, esos gastos puedan ser considerados por la autoridad electoral.
Detalló que actualmente la legislación no contempla mecanismos para sancionar la promoción personal cuando no existe un llamado expreso al voto, lo que deja sin regulación gran parte de las estrategias de posicionamiento que se realizan antes del inicio formal de las campañas.
“Ahorita algunas voces del Consejo General lo que piden es poder ir fiscalizando los gastos de este tipo de eventos para que, si en algún momento dado se actualiza efectivamente que esta persona que se está promocionando tiene una candidatura, ahí pueda contabilizarse todo ese gasto previo”, señaló.
Garza Robles aclaró que la propuesta todavía no se ha traducido en un reglamento formal del IETAM, por lo que actualmente no existe una herramienta jurídica que permita aplicar este tipo de control.
Explicó que la intención no sería imponer sanciones anticipadas, sino generar un registro de los gastos efectuados antes de las campañas para analizarlos, en su caso, cuando se formalicen las candidaturas.
La consejera informó que hasta el momento el Instituto no ha recibido denuncias formales relacionadas con promoción anticipada en redes sociales, aunque reconoció que la ciudadanía y los medios de comunicación han señalado el incremento de la actividad pública de algunos actores políticos en los meses previos al proceso electoral.
Precisó que la legislación vigente únicamente sanciona los actos anticipados cuando existe un llamado directo al voto o los llamados equivalentes funcionales, es decir, mensajes que buscan obtener respaldo electoral sin solicitar expresamente el sufragio.
Finalmente, consideró que el marco jurídico actual presenta áreas de oportunidad para ser actualizado, ya que las nuevas formas de comunicación política en plataformas digitales avanzan con mayor rapidez que la legislación electoral, por lo que estimó necesario establecer reglas claras que garanticen condiciones de equidad rumbo a las próximas elecciones.
