El Tribunal de Disciplina Judicial mantiene abiertas cerca de 200 investigaciones contra jueces y servidores judiciales por retrasos, omisiones administrativas y posibles irregularidades
Ciudad Victoria, Tamaulipas.— El Tribunal de Disciplina Judicial mantiene abiertas cerca de 200 investigaciones contra jueces, secretarios y otros servidores del Poder Judicial por posibles faltas administrativas relacionadas con retrasos en procesos y omisiones en informes.
Las indagatorias incluyen casos de dilación injustificada en la impartición de justicia, inconformidades de ciudadanos con resoluciones judiciales y presuntas irregularidades en la integración o manejo de expedientes.
El magistrado Jesús Manuel Castillo Quintanilla informó que estas revisiones forman parte del proceso para atender el rezago de denuncias acumuladas durante la operación del extinto Consejo de la Judicatura del Estado.
Explicó que en ese periodo se registraron demoras en la supervisión judicial, lo que provocó que varias quejas quedaran pendientes de análisis.
Cómo se investigan las denuncias contra jueces
El procedimiento inicia en la Comisión de Investigación, instancia encargada de recopilar datos, indicios y pruebas relacionadas con las denuncias presentadas contra servidores públicos del sistema judicial.
Cuando se detectan elementos que podrían configurar una falta administrativa, los expedientes se turnan a la Comisión de Sustanciación, donde se analiza la procedencia del caso conforme a los plazos legales establecidos.
“Se han remitido varias determinaciones a la Comisión de Sustanciación y ahí se define, dentro de los tiempos legales, si procede o no emitir un fallo”, explicó el magistrado.
Posibles sanciones a servidores judiciales
Castillo Quintanilla señaló que conductas como retrasos procesales o la omisión de informes no siempre constituyen faltas graves. Sin embargo, irregularidades de mayor impacto sí pueden derivar en sanciones.
Entre los casos más delicados mencionó aquellos en los que no se respeta el plazo legal para resolver la situación jurídica de una persona imputada, situación que podría generar sanciones severas o incluso la remoción del cargo.
El Tribunal de Disciplina Judicial continúa con el análisis de cada expediente, por lo que hasta el momento no se han aplicado sanciones, ya que varios casos permanecen en fase de investigación.
