Un Juez de Distrito “bateo” el amparo promovido por el Auditor Superior en contra del decreto que lo obliga a rendir cuentas al Congreso
Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El Juez Segundo de Distrito desechó el amparo promovido por el Auditor Superior del Estado, Jorge Ascanio, contra el decreto 65-570 del Congreso de Tamaulipas que lo obliga a “rendir cuentas” de la fiscalización a la agenda que establezcan los diputados.
El Auditor promovió el recurso de queja ante un Tribunal Colegiado para revertir “la bateada” que ya le había otorgado un Juez federal.
¿Qué dijo el juez al Auditor?
José Guerrero Durán, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, estimó que, en el acto reclamado por el Auditor, no se afectan intereses patrimoniales de la moral pública quejosa; toda vez que el acto reclamado tiene relación con el ejercicio de sus funciones por un acto del mismo poder.
Jorge Espino reclamó un decreto expedido por el Congreso del Estado que reforma y adiciona diversos preceptos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas, con relación al ejercicio de sus funciones como ente fiscalizador; de ahí que no se ubique en el supuesto de procedencia previsto en el artículo 7° de la Ley de Amparo, pues en todo caso, las violaciones que reclama se vinculan con las funciones que le son encomendadas como ente de derecho público.
Con fecha 23 de mayo de 2023, el Juez Segundo de Distrito se pronunció por desechar de plano, por notoriamente improcedente la demanda.
¿De qué se queja Jorge Espino?
El decreto 65-570 del pasado 26 de abril de 2023 incluye entre otros cambios, que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado pueda citar y, en su caso, requerir documentación y/o información específica, al Auditor Superior para conocer y profundizar en el estudio y análisis del Informe General e Informes Individuales de la fiscalización de las cuentas públicas, a fin de garantizar una evaluación acorde a la buena administración.
Además, lo faculta para tener acceso a los documentos de trabajo que se generen con motivo de las
auditorías practicadas a las entidades fiscalizadas por la Auditoría Superior, a fin de garantizar una evaluación acorde a la buena administración.
