Tamaulipas combate la extorsión al armonizar leyes y crear una unidad especializada en la Fiscalía, fortaleciendo la seguridad y la investigación penal
Ciudad Victoria.— Tamaulipas combate la extorsión tras la aprobación legislativa que armoniza leyes y crea una Unidad Especializada contra este delito de alto impacto.
Como resultado, el Congreso local reformó la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia para fortalecer la persecución penal de la extorsión.
Además, la reforma se vincula con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024–2030, garantizando capacidades institucionales suficientes para investigar y sancionar este delito.
La nueva unidad tendrá responsabilidad directa en investigar la extorsión conforme a la Ley General, con personal ministerial, policial, pericial y de análisis especializado.
Asimismo, las personas integrantes recibirán capacitación y certificación, asegurando profesionalismo, eficiencia operativa y atención integral a las víctimas.
El subsecretario de Enlace Legislativo, Rómulo Pérez Sánchez, explicó que esta acción complementa el reciente endurecimiento de penas contra la extorsión.
Cabe destacar que el Congreso estableció sanciones de 15 a 25 años de prisión para quienes cometan este delito en Tamaulipas.
Por otra parte, el funcionario subrayó que el objetivo central es devolver el control al Estado y garantizar que nadie viva bajo amenazas.
Hasta octubre del presente año, se acumularon 108 denuncias por extorsión, cifra superior a las registradas durante todo 2024.
En contraste, durante 2024 se contabilizaron únicamente 78 carpetas de investigación relacionadas con este delito de alto impacto.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la extorsión aumentó 38.4 por ciento durante 2025.
Ante este escenario, el gobernador Américo Villarreal Anaya impulsó la reforma para fortalecer justicia, seguridad y protección ciudadana efectiva.
Finalmente, autoridades señalaron que Tamaulipas combate la extorsión cerrando espacios a la impunidad y reforzando la confianza social en las instituciones.
Además, la medida se alinea con compromisos nacionales e internacionales de acceso efectivo a la justicia y respeto a los derechos humanos.
