
El subsecretario General de Gobierno, Tomás Gloria Requena, aseguró que los señalamientos publicados por un medio estadounidense contra el gobernador Américo Villarreal carecen de sustento y no afectan la agenda estatal.
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Gobierno de Tamaulipas minimizó las acusaciones difundidas por el diario Los Angeles Times contra el gobernador Américo Villarreal Anaya y aseguró que se trata de versiones sin sustento que no alteran el trabajo de la administración estatal.
El subsecretario General de Gobierno, Tomás Gloria Requena, afirmó que los señalamientos forman parte de una narrativa mediática que busca generar desinformación y destacó que el mandatario continúa enfocado en atender los temas prioritarios para la entidad.
“Ya el director general de Comunicación Social emitió un comunicado bastante explícito, no hay tema, y el gobernador está de gira ahorita”, declaró al arribar a Palacio de Gobierno.
El funcionario sostuvo que las publicaciones no tienen impacto en la política interna de Tamaulipas y reiteró que la prioridad del Gobierno estatal sigue siendo fortalecer la seguridad, impulsar el desarrollo económico y garantizar el bienestar de la población.
“Son comentarios meramente mediáticos. La instrucción del gobernador es precisa: trabajar para dar seguridad, desarrollo económico y garantías sociales a los tamaulipecos. Eso es lo importante”, expresó.
Gloria Requena insistió en que las acusaciones no distraen la agenda de trabajo de Américo Villarreal, quien mantiene actividades relacionadas con programas sociales, infraestructura y acciones de seguridad en distintas regiones del estado.
“Todos los funcionarios estamos convocados a trabajar por y para Tamaulipas”, puntualizó.
Las declaraciones surgen luego de que Los Angeles Times publicara un reportaje en el que señala que los gobernadores de Tamaulipas y Sonora serían objeto de investigaciones por parte de autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Sin embargo, el Gobierno de Tamaulipas reiteró que ya fijó una postura oficial sobre el tema y descartó que exista alguna afectación a la gobernabilidad o al funcionamiento de la administración estatal.



