Tamaulipas

Multarán a ayuntamientos incumplidos

Por: Josué Escamilla.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno advirtió que los municipios que incumplan con sus obligaciones de transparencia podrían enfrentar sanciones económicas. Actualmente se revisa qué ayuntamientos omitieron publicar información y responder solicitudes ciudadanas.

 

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los ayuntamientos de Tamaulipas que incumplan con sus obligaciones de transparencia podrían ser sancionados con multas que van desde los 17 mil hasta los 270 mil pesos, advirtió la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo.

La funcionaria estatal explicó que durante abril todos los sujetos obligados debieron actualizar y publicar su información en las plataformas de transparencia. Actualmente, la dependencia realiza un proceso de verificación para identificar qué instituciones cumplieron con la normativa y cuáles permanecen en incumplimiento.

Pedraza Melo señaló que, aunque la prioridad es fortalecer el cumplimiento mediante acciones preventivas, no se descarta la aplicación de sanciones económicas a quienes continúen siendo omisos.

“No queremos llegar a la sanción, pero en un momento dado tendremos que llegar a aplicar medidas económicas como sanciones, que van desde los 17 mil hasta los 270 mil pesos”, afirmó.

La titular de Anticorrupción recordó que alcaldes, tesoreros, síndicos y servidores públicos responsables del manejo de recursos tienen la obligación de garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública.

Indicó que hasta ahora la estrategia del gobierno estatal ha estado enfocada en brindar capacitación y asesoría a los sujetos obligados para facilitar el cumplimiento de la ley y evitar sanciones.

Sin embargo, insistió en que la revisión de las plataformas de transparencia permitirá determinar qué municipios y dependencias incumplieron con la publicación de información o con la atención de solicitudes ciudadanas.

La funcionaria reiteró que la transparencia es una obligación legal y una herramienta fundamental para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas, por lo que advirtió que las medidas preventivas podrían dar paso a sanciones en caso de persistir las omisiones.

 

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