El diputado Armando Zertuche Zuani afirmó que cualquier funcionario o político señalado por presuntos vínculos con actividades ilícitas debe ser investigado y, en su caso, procesado por las autoridades mexicanas antes de atender solicitudes de extradición.
Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Los funcionarios y políticos mexicanos señalados por presuntos vínculos con la delincuencia organizada deben ser investigados y juzgados por las instituciones nacionales, sostuvo el diputado local de Morena, Armando Zertuche Zuani.
El legislador consideró que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar las investigaciones necesarias para determinar responsabilidades y aplicar la ley dentro del territorio nacional, sin que los procesos impulsados por autoridades extranjeras sustituyan la actuación del Estado mexicano.
Zertuche Zuani señaló que, antes de atender posibles solicitudes de extradición provenientes de Estados Unidos, las autoridades mexicanas deben revisar si los personajes señalados están involucrados en delitos como delincuencia organizada, corrupción o huachicol fiscal.
“Si existen investigaciones contra personajes políticos requeridos por otro país, el gobierno de México debe realizar una revisión exhaustiva para determinar las responsabilidades correspondientes dentro del marco legal mexicano”, expresó.
El diputado coincidió con la postura planteada por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, respecto a que quienes mantengan presuntos vínculos con grupos criminales o actividades ilícitas deben responder primero ante la justicia mexicana.
Asimismo, sostuvo que la cooperación entre México y Estados Unidos debe mantenerse, pero respetando la soberanía nacional y las facultades de las instituciones encargadas de procurar justicia en el país.
Zertuche Zuani afirmó que durante los gobiernos del periodo neoliberal se consolidaron prácticas políticas basadas en la corrupción, el intercambio de favores y el uso del poder para influir en actores políticos, situación que, aseguró, ha generado consecuencias que aún enfrenta el país.
El legislador reiteró que la prioridad debe ser fortalecer las investigaciones y procesos judiciales dentro de México para garantizar que cualquier servidor público involucrado en actividades ilegales sea sancionado conforme a la ley.
Finalmente, insistió en que el Estado mexicano debe asumir plenamente su responsabilidad en el combate a la corrupción y a los vínculos entre política y delincuencia, garantizando que las investigaciones se realicen con apego al debido proceso y dentro del marco jurídico nacional.
