Tamaulipas

¿Por qué vincularon a proceso a Yahleel? Estos son los casos del sexenio cabecista

Por Daisy Herrera/ Alan Morales

La exsecretaria Yahleel “A” enfrenta un proceso penal por un presunto daño patrimonial de casi mil millones de pesos. Su caso se suma a otros exfuncionarios de la administración cabecista

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Yahleel “N”, exsecretaria de Bienestar Social durante el sexenio de Francisco García Cabeza de Vaca, evitó ser llevada a la cárcel luego de que una jueza de control le dictó prisión preventiva justificada, medida que no pudo ejecutarse por un amparo presentado por la imputada.

Durante la audiencia inicial celebrada este jueves, el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción formuló imputación y solicitó la vinculación a proceso de Yahleel “N” por los delitos que se le atribuyen dentro de la causa penal correspondiente.

La defensa de la exfuncionaria solicitó que su situación jurídica se resuelva dentro del plazo constitucional ampliado de 144 horas, por lo que la jueza deberá determinar en la continuación de la audiencia si existen elementos suficientes para vincularla a proceso.

No obstante, antes de suspender la audiencia, el Ministerio Público solicitó la imposición de diversas medidas cautelares, entre ellas la prisión preventiva justificada, al considerar necesario garantizar la comparecencia de la imputada y evitar nuevos retrasos en el proceso penal.

La jueza concedió dicha medida cautelar; sin embargo, Yahleel “N” presentó un amparo, lo que impidió que la prisión preventiva fuera ejecutada en ese momento.

Con ello, la exfuncionaria evitó ser detenida, pese a que una jueza de control consideró procedente imponerle prisión preventiva justificada.

El episodio se suma a una serie de recursos, incidentes y diferimientos que durante meses han retrasado el avance del procedimiento penal, entre ellos justificantes médicos, cambios de defensa y solicitudes de aplazamiento que postergaron en diversas ocasiones la formulación de imputación.

¿De qué acusan a Yahleel?

La carpeta de investigación 733/2025 señala que durante 2021 y 2022, cuando encabezaba la Secretaría de Bienestar Social, presuntamente autorizó contratos mediante adjudicación directa para la adquisición de despensas, cuando legalmente debían realizarse mediante licitación pública.

De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, esas operaciones habrían generado un presunto daño patrimonial de 985 millones de pesos. La defensa de la exfuncionaria solicitó la duplicidad del término constitucional para preparar su estrategia jurídica y el proceso continuará en una nueva audiencia.

¿Qué otros exfuncionarios del sexenio de Cabeza de Vaca enfrentan procesos?

El caso de Yahleel forma parte de una serie de investigaciones iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción contra exintegrantes del gobierno panista 2016-2022.

Entre los casos más relevantes destacan:

  • Jesús Alberto “S”, exsecretario de Administración, fue vinculado a proceso por presunto uso ilícito de atribuciones y facultades, acusado de fraccionar contratos por más de 8.2 millones de pesos para evitar licitaciones públicas.
  • Elda Aurora “V”, excontralora gubernamental, fue vinculada a proceso dentro del mismo expediente que el exsecretario de Administración por las presuntas irregularidades en la adjudicación de 14 contratos públicos.
  • Rómulo “G”, exsecretario de Bienestar Social, enfrenta dos procesos penales por presuntas irregularidades en la contratación de despensas del programa Bienestar Alimentario. Permanece sujeto a proceso tras ser detenido por autoridades estatales.
  • Además, la Secretaría de Salud del Gobierno de Tamaulipas ha presentado diversas denuncias penales relacionadas con presuntos contratos irregulares durante el sexenio anterior, en las que aparecen señalados el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, la exsecretaria Gloria “M”, el exsubsecretario Horacio “G”, el exsubsecretario Alejandro “A” y el exdirector de Compras Román “C”. Esas denuncias continúan en distintas etapas legales y no implican una sentencia condenatoria.

Las investigaciones continúan

Las autoridades estatales mantienen abiertas diversas carpetas de investigación relacionadas con presuntas irregularidades cometidas durante la administración 2016-2022. En todos los casos, las personas señaladas conservan la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme emitida por un juez.

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