La Reforma al IPSSET marca un hecho histórico en Tamaulipas. El gobierno estatal busca proteger pensiones actuales y futuras, evitar una crisis financiera y dar certidumbre al personal
Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La Reforma al IPSSET impulsa un cambio estructural para proteger el sistema de pensiones y evitar un colapso financiero que afecte a personas trabajadoras activas, jubiladas y futuras generaciones.
El gobernador Américo Villarreal Anaya explicó que la Reforma al IPSSET responde a un déficit acumulado desde 1984, cuando el instituto nació sin ajustes periódicos acordes a la realidad demográfica.
Durante décadas, el sistema operó con aportaciones desactualizadas, mientras la esperanza de vida aumentó y las obligaciones financieras crecieron sin correcciones legales oportunas.
Aunque en 2015 se realizó una modificación legal, posteriormente no se aplicaron las revisiones actuariales previstas, lo que profundizó el desequilibrio financiero del fondo pensionario.
Al inicio de la actual administración, el gobierno estatal detectó que la viabilidad del IPSSET estaba comprometida en el corto plazo, con riesgo real para jubilaciones futuras.
Ante este escenario, primero se implementaron ajustes administrativos y financieros que fortalecieron las reservas líquidas del instituto en un 37 por ciento, según datos oficiales.
Gracias a esas medidas, el fondo pasó de 961 millones a 1 mil 318 millones de pesos, lo que extendió su suficiencia financiera hasta 2028.
Sin embargo, el Ejecutivo estatal reconoció que dichas acciones solo ofrecían un alivio temporal y no resolvían el problema estructural de fondo.
Por ello, durante más de un año se desarrollaron mesas de diálogo con organizaciones sindicales, con el objetivo de construir una reforma viable y socialmente responsable.
De ese proceso surgió la Reforma al IPSSET, aprobada por el Congreso local, con entrada en vigor el 1 de enero de 2026.
Entre los cambios centrales, se amplían los conceptos que integran el salario base de cotización, incorporando prestaciones históricamente excluidas del cálculo pensionario.
Ahora se consideran despensa, quinquenio, compensaciones y gratificaciones, lo que fortalece el fondo y reconoce ingresos reales del personal público.
Para las personas trabajadoras en activo, esta incorporación será gradual, iniciando con un dos por ciento y aumentando progresivamente hasta 10.5 por ciento en cinco años.
De forma paralela, el gobierno estatal incrementará su aportación patronal de manera escalonada hasta alcanzar el 27 por ciento, incluyendo aguinaldo.
El gobernador subrayó que la Reforma al IPSSET no modifica edades ni años de jubilación para quienes ya laboran en el servicio público.
Tampoco cambia el esquema de cálculo vigente, basado en salario mínimo, con un tope máximo de diez veces el indicador mensual.
En contraste, para personas de nuevo ingreso a partir de 2026, se establece una edad de jubilación de 65 años y un promedio salarial calculado sobre diez años.
Según el Ejecutivo, estas medidas buscan evitar que el Estado enfrente aportaciones extraordinarias que comprometan recursos destinados a salud, educación o infraestructura.
Desde la perspectiva gubernamental, la Reforma al IPSSET representa un acto de responsabilidad financiera y voluntad política para remediar una crisis heredada.
El mandatario afirmó que se trata de un momento histórico, al atender un problema postergado por décadas sin trasladar el costo a generaciones actuales.
Por su parte, el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas reconoció avances relevantes en la reforma.
La dirigente Blanca Valles Rodríguez destacó que, por primera vez, prestaciones como despensa y quinquenio se integran al cálculo de jubilaciones.
No obstante, señaló que aún queda pendiente la integración total del salario, una demanda histórica del gremio sindical.
Aun así, la representación sindical consideró que el mayor riesgo habría sido no reformar el sistema y comprometer la sostenibilidad de las pensiones.
Finalmente, la Reforma al IPSSET busca dar certidumbre, estabilidad financiera y protección a quienes han sostenido el servicio público en Tamaulipas.
