PRESENCIA

< Avientan trámite de “chocolates” a gobiernos estatales

< Frenan endeudamiento a municipios y entes públicos

< Pagos de asesores y servicios bancarios tendrán límite

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- Un nuevo decreto para la regularización de autos “chocolates” cambia las reglas y hace al procedimiento realizable con el apoyo de los gobiernos estatales, deja fuera a las agencias aduanales con lo cual baja los costos, amplían el plazo, agregan al estado de Zacatecas con lo cual serán 11 entidades beneficiadas y de esta manera estaremos esperando resultados positivos no sólo para los propietarios de las unidades extranjeras, sino para la sociedad al concluir el anonimato con el que transitaban estos vehículos.

De acuerdo al decreto publicado el fin de semana en el diario oficial de la federación, se amplía la vigencia hasta el 20 de septiembre del 2022. Asimismo explica que ahora el proceso de registro de autos, lo realizarán con el apoyo de los gobiernos estatales que tendrá que habilitar módulos para esta atención.

Por lo pronto pasaron 40 días desde la aparición del primer decreto (19 de enero) sin que fuera realizable el procedimiento, y ahora sorpresivamente 11 entidades fronterizas o próximas a la frontera norte, tienen que instrumentar a través de los gobiernos estatales una manera de operación, revisar el decreto y ver como habilitarán el procedimiento, destinar personal para esta tarea y los lugares adecuados para atender los puntos de recepción, porque no podrá ser un trámite de ventanilla en las oficinas fiscales, porque no en todas hay un estacionamiento para recibir las unidades.

Esa era la solución desde un principio, ya lo comentamos en una colaboración anterior. Los gobiernos estatales son los únicos que pueden realizar esta tarea, pero es indudable que representa en este momento una responsabilidad inesperada, que la Federación se sacudió el problema al transferirlo a ese nivel de gobierno, lo cual no está mal, lo reprobable es hacerlo con improvisación, sin haber dado oportunidad de instrumentar una estrategia para atender a un sector de la sociedad que a estas alturas, debe de estar insatisfecho y molesto por lo errático de la regularización.

La parte bondadosa del nuevo decreto es que desaparece la costosa gestión aduanal, y que los estados seguramente dispondrán de puntos de recepción a lo largo y ancho del territorio, evitando el traslado de las unidades a la frontera como pretendía la propuesta federal. Falta aún mucho por definirse y estaremos atentos en los próximos días para conocer a partir de cuándo y dónde iniciará el procedimiento de regularización.

Los once estados que tendrán regularización de unidades motrices extranjeras son: Baja California, Baja California Sur, Durango, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas.

2.- Al fin ponen freno al endeudamiento de los gobiernos estatales y municipales que históricamente han afectado a las arcas, no sólo por su excesivo monto, sino por su aplicación en elementos insustanciales como son salarios y asesorías. Y aunque el artículo 117, en su fracción VIII de la Constitución Política de nuestro país, establece que el destino de la deuda pública debe ser aplicado en inversiones públicas productivas, o bien reestructuración de su financiamiento, la realidad es hay gobernantes que pasan por alto estas restricciones.

La Cámara de Diputados fue la que aprobó las nuevas reglas y límites del financiamiento a entes públicos, ahora el tema está en la Cámara revisora, es decir en el Senado y debe tener seguimiento por parte de los señores diputados locales de Tamaulipas, a los que corresponde hacer propia estas reformas.

Las modificaciones a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, deben seguirse para que en futuras contrataciones de deuda pongan un límite en el pago de comisiones por apertura y disposición, y otros cargos estipulados por las instituciones bancarias. Cabe mencionar que en el debate señalaron como “excesos de la banca en México”.

De acuerdo a la Reforma, ahora turnada al Senado de la República, las entidades públicas sólo estarán en posibilidades de destinar hasta el 0.15 % del monto de los financiamientos para cubrir los gastos y costos relacionados con la contratación. Ese es uno de los límites.

Otro renglón importante son las restricciones impuestas en costos relacionados con honorarios por asesoría profesional, técnica, legal y financiera.

Que por cierto es un ramo importante de egresos que acaban de aprobar en el Congreso de Tamaulipas para contratar un asesor para cada uno de los 36 diputados locales, lo cual representa un egreso de 900 mil pesos mensuales a razón de 25 mil pesos de honorarios por cada elemento.