Las sanciones alcanzan a servidores públicos y ex funcionarios por faltas administrativas no graves cometidas durante el ejercicio de sus funciones.
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) ha aplicado 283 inhabilitaciones de hasta un año a servidores públicos en activo y ex funcionarios de Tamaulipas por faltas administrativas consideradas no graves.
La titular de la dependencia, Norma Angélica Pedraza Melo, explicó que las sanciones derivan de procedimientos relacionados con las labores de fiscalización y rendición de cuentas, conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas.
De las resoluciones correspondientes a ex servidores públicos de la administración estatal anterior, 196 fueron sanciones administrativas, entre ellas 24 amonestaciones, 13 suspensiones y 159 inhabilitaciones.
En la actual administración estatal se han aplicado 42 medidas, distribuidas en cinco amonestaciones, 27 suspensiones y diez inhabilitaciones.
Pedraza Melo señaló que la SABG puede imponer una inhabilitación de hasta un año cuando se acredita una falta administrativa no grave. Si la persona sancionada continúa activa en alguna dependencia, durante ese periodo no puede desempeñar funciones ni recibir salario.
Los casos considerados como faltas administrativas graves tienen otro procedimiento. Cuando las conductas ameritan inhabilitaciones de cinco, diez, 15 o hasta 20 años, la facultad corresponde al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas.
La funcionaria explicó que las suspensiones pueden tener una duración de una semana, 15 días o más, de acuerdo con la gravedad de cada caso. Una vez cumplido el periodo, los trabajadores que continúen en activo pueden reincorporarse a sus funciones.
Las sanciones, sin embargo, permanecen asentadas en los expedientes personales y administrativos de los involucrados. En caso de reincidencia, esta circunstancia puede ser considerada para determinar una sanción mayor, dependiendo de la falta cometida.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno continúa con los procedimientos de fiscalización y revisión administrativa para determinar responsabilidades dentro del servicio público estatal.
