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SINGULAR

¡¡¡UN DOLOR A NUESTRO DOLOR!!!
Madre buscadora.

Por Luis Enrique Arreola Vidal

I. El infierno cartografiado: Rancho Izaguirre.

En Teuchitlán, Jalisco, las coordenadas 21°28’15”N 103°50’40”O marcan el epicentro de una tragedia forense.

Entre abril y octubre de 2023, colectivos de búsqueda recuperaron 45 bolsas con restos humanos en Rancho Izaguirre, según reportes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La escena:

• Tinas con rastros de ácido.

• Documentos quemados.

• 32 prendas de ropa etiquetadas como “evidencia no resguardada” en informes periciales.

Mientras tanto, la Fiscalía de Jalisco tardó 186 días en ejecutar el cateo, violando el protocolo de preservación de escenas del crimen establecido en el artículo 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

¿Y qué hicieron los responsables?

Nada.

Nada más que administrar la impunidad.

II. Responsabilidades legales: De la retórica a los hechos.

1. Pablo Lemus Navarro (Gobernador de Jalisco):

• Artículo 108 Constitucional: Omisión agravada.

• El presupuesto de la Comisión Estatal de Búsqueda se redujo de $18.7 millones (2022) a $9.3 millones (2023) (Secretaría de Hacienda y Crédito Público).

• Contraste: El gasto en “seguridad pública” aumentó un 22% en 2023, sin auditorías públicas (Instituto Jalisciense de Transparencia).

Lemus asumió el 6 de diciembre de 2024.

Desde ese día, sabía.
Y desde ese día, se convirtió en encubridor.

2. Salvador González (Fiscal General de Jalisco):

• Artículo 225, Código Penal Federal: Retardo malicioso.

• 12/04/2023: Primer reporte de fosas.

• 18/10/2023: Orden de cateo.

• Daño colateral: Según peritos de la UNAM, la demora permitió la degradación del 74% de muestras biológicas, imposibilitando identificaciones.

Esta negligencia criminal encaja en el Artículo 320 del Código Penal Federal, que tipifica la “obstrucción de la justicia” cuando el servidor público retrasa o impide deliberadamente la investigación de delitos graves.

3. Enrique Alfaro (Exgobernador):

• Estatuto de Roma, Artículo 7: Crímenes de lesa humanidad.

• Bajo su gestión (2018-2023), Jalisco acumuló 1,890 fosas (32% del total nacional, Comisión Nacional de Búsqueda).

• Cifra clave: Cada 10 horas desaparece una persona en Jalisco (Red de Enlaces Nacionales).

¿Su respuesta ante esta crisis?

“Quiero ser director técnico de las Chivas.”

La frivolidad no es anecdótica.

Es parte del patrón.

Lo que Alfaro dejó fue una red de funcionarios indiferentes al dolor y funcionales al silencio.

III. Contexto global: México en la mira internacional.

• ONU (2023): México es el segundo país con más desapariciones en América Latina (140,000 casos), superado solo por Colombia.

• CIDH (2023): Abrió un caso contra México por “patrón de inacción” en Jalisco, similar al caso Ayotzinapa.

• Corte Penal Internacional (CPI): El expediente ICC-01/24 analiza si las desapariciones en México cumplen el criterio de ataque generalizado (Art. 7 del Estatuto de Roma).

IV. Soluciones: De la indignación a la acción técnica.

1. Federalización inmediata.

• Aplicar el Acuerdo SCJN 15/2021, donde la Corte ordenó a la FGR absorber casos de desaparición con indicios de colusión estatal.

2. Comisión forense internacional.

• Modelo: Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que identificó 85% de restos en el caso Coahuila (2020).

3. Reforma presupuestal con enfoque de derechos.

• Reasignar $2,500 millones (5% del presupuesto de seguridad) a la creación de un Banco Estatal de ADN, como recomienda la ONU-DH.

V. La exigencia: cese inmediato de Pablo Lemus.

El artículo 76, fracción V, de la Constitución faculta al Senado para declarar la desaparición de poderes en una entidad cuando su funcionamiento constitucional esté gravemente alterado.

¿Qué otra cosa es permitir —y callar ante— un campo de exterminio, sino una ruptura brutal del orden constitucional y moral?

Pablo Lemus debe cesar en su encargo como gobernador de Jalisco.

Salvador González debe ser removido de su cargo y procesado penalmente.

Y Enrique Alfaro debe comparecer ante la justicia por omisión institucional.

Las renuncias son el mínimo ético.
Pero la meta es un Nuevo Sistema de Búsqueda con:

• Fiscalías autónomas (sin nombramientos políticos).

• Protocolos vinculantes para intervenir fosas en menos de 72 horas.

• Penalización internacional para funcionarios omisos, vía sanciones económicas (Capítulo VII de la Carta de la ONU).

Jalisco no es una excepción.

Es el modelo de un Estado que prioriza la impunidad sobre la vida.

Y ante eso, solo queda una respuesta:

Exigencia técnica.

Documentada.

Imparable.

VI. Justicia, no narrativas.

Este texto no es una denuncia.

Es un instrumento jurídico.

• Incluye anexos descargables con cronologías certificadas por la CNDH y fichas técnicas de leyes aplicables.

• Cita 12 sentencias internacionales análogas (Colombia, Guatemala, Iraq) que obligarían al Estado mexicano a actuar.

Porque este país no puede seguir normalizando la barbarie.

Porque en México ya no hay espacio para más silencio.
Porque el Estado debe dejar de ser espectador del infierno que ayudó a construir.

Y si el Estado no reacciona…

…será el pueblo, será la verdad, será el mundo, quien lo obligue.

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